El magistrado Alberto Ize, que cobró especial notoriedad pública por una denuncia que lo acusó de estafar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por una suma millonaria, ahora vuelve al centro de la escena por otorgar una medida cautelar a favor de Gerónimo “Momo” Venegas para frenar la ley del Estatuto del Peón Rural, que habían sido aprobado con amplio consenso en el Congreso y beneficiaban a los castigados trabajadores rurales.
En 2010, se descubrió que en el juzgado de Ize realizaban maniobras irregulares para aumentar los montos de las deudas de la Anses en reclamos de actualización de haberes o para cobrarlos más rápido, “con embargos superiores a un millón de pesos”, cada uno. El magistrado Alberto Ize renunció a la subrogancia del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 3 poco después del incidente con un jubilado que le preguntó “cuánto tenía que pagar para cobrar”. Volvió entonces a su juzgado original, el número 9.
El magistrado acumuló al menos cuatro denuncias penales por presunta estafa, robo de documentos públicos y otros delitos y deberá enfrentar procesos en el Consejo de la Magistratura.
Ize fue designado juez durante la presidencia de Carlos Menem, luego de cultivar vínculos en la Cámara alta con el senador Eduardo Menem, quien habría impulsado su postulación como magistrado.
El magistrado tiene actualmente tres denuncias en etapa de investigación preliminar presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura: una ingresada en febrero del 2010, otra en septiembre de ese mismo año y una tercera en octubre del año pasado. Con el expediente 206/11, esta actuación versa sobre las irregularidades en juicios de liquidaciones de jubilaciones del Anses, llevadas a cabo en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 3. Los escándalos suscitados al respecto forzaron la renuncia de Ize como subrogante.
La diputada nacional por el Frente Para la Victoria Diana Conti criticó, en diálogo con INFOnews, la medida judicial y descartó que la misma pueda frenar la implementación de la ley.
La legisladora acusó a la avanzada encabezada por Gerónimo Venegas de intentar tapar “el foco de atención, que son los derechos que se les otorga con la nueva ley a los trabajadores. La ley es positiva”, dijo.
“Los jueces que intervinieron son incompetentes para tratar estos temas porque son del fuero de la seguridad social”, señaló también Conti, quien agregó que el estatuto del peón rural “no es una ley relacionada con la seguridad social sino con el ámbito laboral.”
En el mismo sentido, la diputada del FPV se refirió al hecho de que recién en las últimas horas se hubieran conocido los fallos pese que fueron firmados hace una semana. Para la legisladora, se busca crear una noticia con el fin de “tergiversar la bondad de una ley que regulariza el trabajo. Se busca imponer que el Estado quiere es apropiarse de un sindicato, lo cual no es así. Esta es una ley que impulsa derechos laborales, y más aún: derechos humanos, los cuales se comprobó que en muchas ocasiones eran violados .”
“Yo supongo que la Justicia no va a impedir que un peón pueda jubilarse a los 57 años, o que tenga vacaciones que ni siquiera empleados de otros sectores pueden tomarse”, afirmó a este medio otro de los diputados nacionales que apoyó con su voto la modificación en el Congreso del Estatuto del Peón Rural.
La ley buscaba permitir a los peones rurales tener una jornada de trabajo de ocho horas e igualar todas sus condiciones laborales a las de cualquier otro trabajador.
Además, el registro de trabajadores rurales que hasta ese momento manejaba el sindicato del sector, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), liderada por Gerónimo “Momo” Venegas, pasaría a estar bajo la órbita del Estado.
Las resoluciones judiciales causaron “sorpresa” porque la ley sancionada en diciembre significa un “enorme avance a favor de los trabajadores”.
De acuerdo con el nuevo Estatuto del Peón, el trabajo rural pasará a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo. Establece además el descanso semanal con sábado inglés, licencia por paternidad de 30 días, baja la edad jubilatoria de los 65 años y 60 años en caso de las mujeres, a 57 años con 25 años de servicio y es taxativo en cuanto a que la remuneración del trabajador nunca podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil.
Las resoluciones judiciales causaron “sorpresa” en el ámbito legislativo, principalmente entre los diputados y senadores kirchneristas, que ven a la ley sancionada en diciembre como un “enorme avance a favor de los trabajadores”.
