El Ministerio del Interior presentó una “declaración de lesividad” en el marco de la causa penal por las presuntas irregularidades en los controles que derivaron en la compra y venta de los terrenos que rodean a Lago Escondido, en Río Negro, y la posterior adquisición y ampliación de Hidden Lake S.A, integrada por el empresario Joe Lewis, entre los años 1996 y 1997.
Según trascendió, un informe de la Procuradoría de Investigaciones Administrativas (PIA) señaló que la operación inmobiliaria se enmarca “en un proceso violatorio de la Ley que impide la venta de tierras a extranjeros en zona de seguridad fronteriza”. La PIA señaló las irregularidades en el mecanismo de control que, entre 1996 y 1997, permitió a la firma Hidden Lake hacerse con las tierras de frontera “simulando contar con capitales de origen nacional” para pretender cumplir con las normativa.
El proceso de compra se inició en el 1996, cuando la empresa denominada H.R Properties Buenos Aires adquirió, con Previa Conformidad, más de 8.000 hectáreas en esa zona de Río Negro, eximidos de presentar proyectos de inversión y otros requerimientos, por contar con capitales nacionales.
Según consta en las actuaciones, ese mismo año, H.R Properties se convirtió en Hidden Lake, consolidando un paquete accionario con Lago Corp que contaba con 11.999 acciones propias y una sola a nombre del inglés Lewis.
De esta forma, la empresa solicitó un nuevo trámite de previa conformidad abreviado, que sólo es potestad para sociedades argentinas, e inscribió las tierras a nombre de Hidden Lake, lo que derivó en una autorización “obtenida de manera irregular atento que esta segunda solicitud no debió haber tramitado por ser la solicitante, en la práctica, una sociedad extranjera”.
Este año, la Procuraduría (PIA) informó a la cartera de Interior sobre la presentación judicial de dos abogados por la presunta irregularidades en los controles de compra y venta de esas tierras. A la vez, el mismo organismo sugirió la conveniencia de iniciar la acción de lesividad. En el mismo sentido, la Inspección General de Justicia (IGJ) promovió en abril de 2022 una acción judicial contra la operación, pidiendo la nulidad de la sociedad Hidden Lake.
