La Auditoría General de la Nación (AGN), con el voto unánime de todos sus integrantes, oficialistas y opositores, aprobó un demoledor informe sobre las fabulosas entregas de bienes del estado durante el gobierno de Mauricio Macri. Dos referentes indiscutibles de la oposición, Miguel Angel Pichetto y Jesús Rodríguez, acompañaron el informe que constituye toda una acusación contra el gobierno de Cambiemos. En total, se vendieron propiedades del Estado nacional por 842 millones de dólares, en general a particulares, siempre por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones, y en supuestas subastas que eran ficticias, porque no había real competencia entre oferentes. Como ya señaló Página/12 en su momento, quienes se adjudicaron los bienes eran siempre amigos de funcionarios del macrismo. Nada menos que el 77 por ciento de los bienes entregados fueron en CABA.

La AGN es un organismo del Estado que asiste al Congreso Nacional en el control de las acciones del propio estado. Lo integran auditores del oficialismo y de la oposición y en este caso se dio una aprobación por unanimidad. Lo más impactante es el voto de Pichetto, porque el informe irá a la justicia. Por ejemplo, la actual administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya hizo varias denuncias judiciales referidas a los mismos terrenos y a las mismas entregas de las que habla el informe. Por ejemplo, este diario reflejó las sospechosas subastas de Catalinas, fabulosos terrenos ubicados frente a Puerto Madero, detrás del hotel Sheraton, que se entregaron a valores muy debajo de los de mercado. Los que se quedaron con esas joyas son nombres conocidos: Nicolás Caputo, Mario Quintana, Paolo Rocca-Techint, Gustavo Arribas, el dueño de la casa en la que descansa Macri en Villa La Angostura, los titulares del banco Safra, donde estaban los dólares que luego Gianfranco Macri blanqueó. Otra denuncia sobre esas entregas fue presentada por la Oficina Anticorrupción, cuando estuvo a cargo de Félix Crous.

Hallazgos incriminatorios

Este es el contenido del informe de la AGN:

* Se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842 millones de dólares.

* En CABA se entregó el 77 por ciento de esos bienes.

* En Catalinas, el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó tasaciones oficiales. Sin embargo, se entregó un 39 por ciento más de metros cuadrados, resultando un magnífico negocio para los beneficiarios.

* En la totalidad de las operaciones hubo irregularidades en los precios de base de las subastas. Se vendieron por debajo del valor tasado y eso significó una pérdida de 62 millones de dólares.

* Las actualizaciones por inflación resultaron en un perjuicio para el Estado de 9,8 millones de dólares.

* En casi 6 de cada 10 operaciones no hubo auténtica subasta. Hubo baja participación de oferentes y la administración macrista no hizo nada para convocar a una verdadera puja que aumente los precios.

Siempre para el lado empresario

El informe, fue presentado por Juan Ignacio Forlón, presidente de la Comisión de Supervisión de Control del Sector No-Financiero. Además, Forlón presentó un video explicativo.

 

Uno de los aspectos que se tocó es que se podrían haber entregado terrenos para construir viviendas para programas parecidos al Procrear. En la normativa figura como uno de los objetivos que la venta o entrega de bienes del Estado esté en sintonía con políticas redistributivas o de desarrollo con inclusión. De manera que se violó la normativa.

En cambio, se utilizó una modalidad conocida como “dación de pago”, que no estaba habilitada, para transferir bienes por 170 millones de dólares al gobierno de CABA.

Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal prohíbe la donación o venta de bienes durante los últimos seis meses del mandato de un presidente. En ese período, Macri le entregó 148 millones de dólares en bienes a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, la AABE inició un proceso de recuperación de una parte de los bienes. Página/12 publicó recientemente que se logró el desalojo de un sofisticado centro de esquí en Mendoza, El Azufre SA, construido en terrenos que la provincia les entregó a empresarios amigos. Un caso impactante fue el lote subastado en la calle Ocampo, en Barrio Parque, donde estaba el gimnasio en el que se conocieron Macri y Juliana Awada. Los vecinos denunciaron que se entregó por 44 millones de dólares un terreno que valía 70 y en la sociedad adjudicataria, Vías de Ocampo, figura Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de Cambiemos. En Córdoba se hizo algo parecido con una estancia del Ejército, el Establecimiento General Paz, de 12 mil hectáreas. Simularon la subasta de 51 lotes, pero se las quedó un puñado de amigos que utilizaron un crédito del Banco Nación para pagarlos.

Por supuesto que los beneficiaros de todas las operaciones denunciadas ahora por la AGN son los más grandes sostenedores de que el Estado no debe intervenir en nada. Y en la otra punta de la trama está la Justicia que se mueve con una lentitud descomunal ante expedientes como estos. La AGN está estudiando sumar una nueva denuncia con las conclusiones del informe.