Los documentos de la AGN, el BCRA y del propio FMI que servirán de sustento para la investigación sobre el destino de los fondos que le prestó el organismo multilateral al macrismo.
A escasos días del balotaje y cuando todo indica que será necesario refinanciar el programa financiero con el Fondo Monetario por incumplible en el actual contexto, el oficialismo promueve una revisión del préstamo histórico que le otorgó el organismo al macrismo. En sintonía con las declaraciones del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, quien adelantó que el FMI comenzará a investigar la fuga generada en 2018-2019 con fondeo de la entidad crediticia multilateral, los diputados nacionales Alejandro Rodríguez y Natalia de la Sota presentaron un proyecto de resolución para que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI investigue si parte de los 44.500 millones de dólares recibidos por Argentina en el marco del Acuerdo Stand By se usó en esos años para financiar la fuga de capitales.
Los legisladores utilizan como punto de partida de su reclamo informes oficiales de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central referidos a la formación de activos externos y/o fuga de capitales. También existen informes previos del FMI que reconocen que faltaron controles en el seguimiento del programa.
A finales de 2015 se puso en marcha un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados. Al igual que en anteriores experiencias de extrema liberalización, las medidas desataron una grave crisis que afectó a la economía argentina. El punto de partida fue el reconocimiento de la totalidad del dinero demandado por un fondo buitre, donde uno de los fideicomisos involucrados en el litigio contaba con apoyo del FMI. De esta forma, durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, “aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos”, señala el citado informe del Banco Central.
Preparando el terreno
Las negociaciones habían comenzado antes de asumir el Gobierno y para abril, a pocos meses de tomar el poder, el macrismo reconocía y pagaba en efectivo el monto demandado por un grupo de fondos buitre que habían comprado deuda en default a un tercio de su valor para así litigar por la totalidad nominal. La operación tuvo numerosas irregularidades y hace unos meses se conoció que el FMI estuvo detrás de uno de esos fondos litigantes.
En mayo de este año técnicos del oficialismo del área legislativa y del Ejecutivo, encabezados por el ex diputado Rodolfo Tailhade volvieron a revisar los convenios y condiciones firmados por Cambiemos en materia de financiamiento.
Caben recordar dos hitos al respecto: el primero es que el grueso de la deuda se encontró mal listada, con enmiendas y sin los protocolos habituales en que se registran estos empréstitos; y el segundo es que los programas a que se comprometió eran incumplibles para el repago mientras uno de cada tres dólares que ingresaban se fugaba en el acto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un pago al Fondo Monetario, a través de una administradora externa privada que manejaba las cuentas de ganancias y de retiro del staff del organismo y que también había litigado contra la Argentina.
Dentro del listado de beneficiarios del acuerdo con los buitres se encuentra el FMI, que tenía inversiones en el mercado argentino a través del fondo Stone Harbor Investment Partner LP, que les administraba un fideicomiso de inversión de beneficios para el staff del organismo y de un plan de retiro para estos burócratas. El fideicomiso administraba desde 2007 para el FMI un International Monetary Fund Retired Staff Benefits, con tenencias en valor nominal por 11.837,41 euros y 209.000 dólares. También administraba el Fund Staff Retirement Plan por 529.464,42 euros y 1.101.000 dólares para el organismo multilateral.
Luego de ese acuerdo, comenzó un festival de bonos que finalizó en 2018, cuando las condiciones económicas y financieras del país daban cuenta de la imposibilidad de que pudieran ser repagadas y le cerró la puerta a la Argentina. Acto seguido, el gobierno de Macri acudió al Fondo y obtuvo el mayor préstamo en la historia del organismo.
Por encima de sus posibilidades
En lo que después se conoció como el mayor aporte de campaña del FMI, en este caso a Mauricio Macri, la Argentina se convirtió en el principal acreedor del organismo, con un préstamo que significa el 1000% de su cuota. La cifra fue exponencialmente mayor a lo que puede recibir un país como Servicio de Crédito Stand-by (SCF), que busca asistir a países de bajos ingresos con necesidades de balanza de pagos a corto plazo.
El SCF es uno de los servicios del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (SCLP). El acceso total a este tipo de financiamiento, según se encuentra publicado en la página web del organismo, está limitado al 145 por ciento de la cuota anual, y el crédito concesional acumulativo total, neto de reembolsos programados, al 435 por ciento de la cuota. Macri recibió el doble.
El Fondo además hizo la vista gorda al manejo financiero, que permitió que ese dinero se fugara de inmediato y no se cumplieran los criterios acordados. En una auditoría previa del organismo se alerta por la falta de atención a “los efectos sociales y distributivos” antes de aprobar el endeudamiento. El informe interno reconoce además que hubo una falta de supervisión del programa económico que implementó el gobierno de Cambiemos y que se aceleró de forma inconsistente la apertura de la cuenta capital en el país, generando una crisis económica y social.
FUENTE EL DESTAPE
