Un matrimonio de adultos mayores, de más de 70 años, fue rescatado luego de una denuncia anónima, de un predio rural en Entre Ríos, donde eran explotados laboralmente hace más de 40 años, y vivían en condiciones infrahumanas, informó la Justicia Federal de Paraná, tras identificar al dueño del campo y quien los había convocado a trabajar.
La pareja, oriunda de la provincia de Corrientes, convivía en una «vivienda» de paja y chapa, cubierta con plásticos de silo bolsa, con piso de tierra, ventanas sin vidrios, y sin baño, luz ni agua potable, en el medio de un lugar de difícil acceso.
El predio rural se encuentra en el paraje Pueblo General Paz, a unos 53 kilómetros de Paraná, capital provincial.
Los dos adultos mayores llegaron allí a principios de la década de 1980 convocados por el dueño del campo para trabajar en tareas de desmonte a cambio de dinero, que luego de unos meses dejó de pagar.
Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) confirmaron que nunca fueron registrados como trabajadores, ni habían recibido aportes o cobertura social.
La línea 145 recibió una denuncia anónima días atrás, en la que se detallaba la situación del matrimonio, por lo que el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ordenó la inspección que se realizó este martes.
El lugar «es de muy difícil acceso, en el que se forma mucho barro y es imposible acceder los días de lluvia», contó a Canal Once el subjefe de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, Lisandro Reyes.
En ese sentido, remarcó que «son personas que necesitan más contención por su edad», y explicó que fueron asistidos, pero continúan viviendo allí ya que «por el momento no tienen dónde ir».
Por otra parte, este miércoles fue identificado el empleador y dueño del terreno, que quedó supeditado a la causa que investiga la violación de normativas laborales, y la permanencia de dos adultos mayores en condiciones infrahumanas mientras eran explotados laboralmente.
Durante los trabajos participó personal de AFIP, de Uatre y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre); la titular del Consejo Provincial Contra la Trata de Personas, Silvina Calveyra; de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, y el fiscal federal Leandro Ardoy.
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