Un juez federal ordenó al propietario de una finca del departamento salteño de Anta y a su hijo pagar $3.360.000 a un trabajador rural víctima de trata de persona con fines de explotación laboral, que recibía un bajo salario y vivía en condiciones precarias junto a su familia.
El Ministerio Público Federal Fiscal informó el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pago por parte de dos imputados de trata laboral de una suma de $3.360.000 en favor del trabajador rural, en el marco de un acuerdo de conciliación en el que la Unidad Fiscal Salta prescindió del ejercicio de la acción penal.
La reparación integral fue cancelada el 14 de noviembre pasado y constituyó el final de un trabajo mancomunado entre el fiscal general Eduardo Villalba, la defensa de los imputados, la Defensoría Pública de Víctimas, a cargo de Nicolás Escandar, y otros organismos estatales, como los ministerios de Trabajo nacional y provincial.
El acuerdo conciliatorio tuvo su origen en una investigación formalizada por la fiscalía el 17 de marzo pasado, contra el propietario de una finca dedicada a la curtiembre, ubicada en la localidad de Apolinario Saravia, a casi 250 kilómetros al sur de la capital salteña, y su hijo.
El fiscal indicó que las actuaciones comenzaron por un llamado recibido el 24 de febrero pasado, en el número gratuito 0800 999 3368, implementado por la AFIP, para denunciar trabajo no formal, explotación infantil y servidumbre.
Por ello y como resultado de una inspección y un allanamiento realizados a los pocos días en la finca, se pudo establecer que la víctima era un trabajador de curtiembre, que había sido contratado por el imputado el 25 de junio del año pasado.
El empleado, que no estaba formalmente contratado, informó que a su ingreso había acordado una remuneración de $50 mil mensuales y que se le brindaría una vivienda para su alojamiento y el de su familia, compuesta por su pareja y dos hijos menores de edad.
No obstante, al llegar al lugar el hombre se encontró con un lugar abandonado, sin cocina ni baño, en condiciones muy precarias, y nunca llegó a cobrar en su totalidad la suma pactada en concepto de sueldo, debido a los descuentos que se le aplicaban por la provisión de mercadería en un local comercial propiedad del acusado.
Ante este panorama, y con asistencia de personal especializado de la AFIP, de los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia, y de la licenciada Laura López Ahanduni, del Polo Integral de la Mujer -organismo provincial dedicado a la asistencia de víctimas de trata-, la fiscalía llevó adelante tareas para reunir pruebas y asistir al trabajador y a su familia.
La finca luego fue allanada -con la colaboración de la División de Trata de la Policía de Salta- y «se constataron condiciones perversas, incompatibles con la dignidad humana; el lugar no tenía ni siquiera las comodidades mínimas para la vida. Los niños tenían erupciones en la piel, propias de la situación de insalubridad en la que vivían», dijo el fiscal.
En la investigación se estableció que el último pago recibido por el trabajador había sido de $15 mil en diciembre de 2022, por lo que la fiscalía imputó a padre e hijo el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el engaño y la consumación del hecho.
En el devenir del proceso, la defensa reconoció la grave situación que atravesó la víctima, por lo que se mostró proactiva a resolver el conflicto mediante una salida no punitiva, como establece el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), vigente en Salta y Jujuy desde junio de 2019.
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