El Gobierno de Javier Milei mostrará algún apoyo que contrapese la masividad del paro con movilizaciones del 24 de enero que organiza la CGT contra el DNU y el proyecto de ley ómnibus que se verá en todo el país. Para estos fines salió a la luz hace unos días un grupo de empresarios pyme llamado PEP, que milita el cambio propuesto como camino «para sacar el país adelante en un año».
Desde La Libertad Avanza preparan movidas en redes sociales para remarcar su sobrada presencia en el territorio virtual y ahora cuentan con el apoyo de unas 3000 empresas pymes dispuestas a expresar su respaldo a las medidas que busca implementar el Gobierno con la esperanza de beneficiarse de ellas y por el país.
Hace unos días, el 12 de enero, salió a la luz el grupo llamado PEP a partir de sus reuniones con varios legisladores oficialistas, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó una cautelar en contra de las medidas del decreto de necesidad y urgencia.
Sus impulsores, entre los que están Rodolfo Llanos, Gustavo Lazzari y Alejandra Bada Vázquez, iniciaron una convocatoria a otros empresarios utilizando como grupo base el Movimiento Empresarial Antibloqueo que creó Florencia Arietto para el bullrichismo-macrismo.
La abogada, profundamente enemistada con los Moyano, convenció a varios dueños de Pymes para que buscaran criminalizar las protestas laborales de sus trabajadores. Muchas se agravaron en persecución antisindical, juicios de años, causas penales, amenazas de cierres y demás.
Llanos le aseguró a La Nación que no tienen vínculos con el gobierno pero buscan como «PEP» interceder con los actores necesarios para que el DNU quede vigente y que la ley se apruebe.
Y prometen negociar con más organizaciones empresariales desde la UIA a la Sociedad Rural, pasando por Coninagro, la Cámara de la Construcción y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) para convencerlos de la necesidad de abrazar las mieles del proyecto mileista.
El Comité PEP, según Llanos, no tiene líder, ni jefe ni personería, aunque ya tiene página web (creada el 12 de enero). Según sus estimaciones, el 40% de los miembros tienen relación con actividades agropecuarias y «están dispuestos a bancarse las retenciones si es para sacar el país adelante en un año”.
A principios de enero, le entregaron un petitorio a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Fueron recibidos por la presidenta de la sala de feria del tribunal, María Dora González, que falló en contra de la cautelar, y Andrea Érica García Vior, cuya decisión fue a favor.
«Reconocemos que el DNU representa un cambio de paradigma y entendemos que requerirá un esfuerzo colectivo. No obstante, estamos profundamente convencidos de que, sin estas transformaciones vitales, el pueblo argentino quedará sumido en la más inhumana pobreza», decía el petitorio.
El comunicado decía: «Sin industria del juicio, con condiciones justas de contratación y condenando expresamente los bloqueos de las mafias», en alusión a los sindicatos, «se dan las condiciones necesarias para la inversión y la creación de trabajo genuino», argumentaron.
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