El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional (UXP), Hugo Yasky, dijo hoy que está en «estudio» un eventual pedido de nulidad del DNU de desregulación de la economía impulsado en diciembre pasado por el presidente Javier Milei. Es por la denuncia de que pudo haber sido elaborado por estudios de abogados privados y no por funcionarios del gabinete.
«Estamos estudiando eso», respondió Yasky en declaraciones a El Destape Radio, cuando le consultaron sobre si la central gremial presentará alguna nueva acción judicial al respecto.
Yasky se refirió así al planteo hecho este miércoles por la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra, quien cuestionó la «validez» del decreto por haberse dictado, dijo, «sin informes técnicos» de los ministerios, tras lo que consideró que si «se comprueba que no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad».
Yasky agregó que de comprobarse lo que advirtió Ibarra sería «alarmante» porque, sostuvo, «les estamos entregando a los dueños del país -con el DNU y también sumó la ley Bases- la definición de las leyes que van a reemplazar por lo menos las últimas cuatro décadas de consenso democrático».
«Todo esto demuestra que las grandes empresas, en definitiva, son vándalos que solo quieren adueñarse de los recursos y de las riquezas del país así como también de lo poco que la gente tiene en el bolillo Lo quieren hacer a través de estas leyes que dicen que al país lo van a gobernar ellos», sumó el gremialista y legislador.
Ibarra sostuvo que «en el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos», y consideró que saber quiénes lo redactaron es «central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo».
Por otra parte, Yasky se refirió también hoy a las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que el paro general previsto por la CGT para el próximo 24 de enero «es ilegal porque no tiene fundamento».
«No hay ningún motivo para que se declare ilegal el paro», opinó el sindicalista y descartó que pueda haber represalias contra los trabajadores «más graves» que la situación que viven en la actualidad.
«Hoy el castigo más duro que puede recibir un pueblo lo recibe con la caída de 20 puntos del salario en un solo mes, algo que no tiene precedentes en la Argentina» al tiempo que sumó que como dirigentes gremiales, los que conducen los sindicatos deben «hacerse cargo de ese sufrimiento»; y advirtió que «ninguna amenaza de sanción, ninguna persecución ni intento de criminalizar la protesta nos puede desviar del camino».
Por otra parte, Yasky confirmó que hoy asistirá al encuentro de dirigentes del PJ convocados por el gobernador Axel Kicillof, donde «las centrales sindicales y otros sectores» procuran «un espacio común para definir la realidad, que se agravará con el paso del tiempo, y las acciones que deberemos realizar en los distintos ámbitos donde nos toca actuar».
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