El ministro de la Corte Suprema de Chile, Adalís Oyarzún, ordenó la detención preventiva del destituído juez argentino Otilio Romano, imputado de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
De esta forma, se avanza en el pedidó de extradición de Romano solicitado por la justicia argentina por considerarlo partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura militar.
Según se informó, el juez Oyarzún, tras recibir la documentación por parte de la cancillería argentina sobre los cargos que se le imputan a Romano, determinó pedir la detención del ex juez mendocino para análizar su eventual extradición. El integrante del máximo tribunal chileno cumplirá los pasos inmediatos a la captura y deportación de Romano, aunque tiene la posibilidad de apelar ante la Sala Penal.
Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura que lo consideró “complice” de la dictadura militar. Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por 8 meses.
En septiembre fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal mendocino Walter Bentos pidió su captura internacional.
En tanto, Romano figura en la lista entre los más buscados por Interpol Internacional por “crímenes contra la humanidad”, junto a uno de los hijos de Muhamar Khadafy, Said Al Islam, y los ex funcionarios iraníes requeridos por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA.
