El gremio del Personal Jerárquico de la Industria del Gas (APJGas) enrolado en la CTA y que encabeza Rubén Ruiz, cuestionó el des-manejo del Gobierno respecto al servicio público del gas natural, especialmente a GNC’s, generadoras eléctricas e industrias, que derivó en desabastecimiento. «Tiene origen en la visión que tiene el gobierno del negocio y el servicio público», adelantaron.
En primer lugar, marcaron que «la decisión de ajustar el gasto público sin elaborar un orden de prioridades afectó la terminación de los trabajos en las Plantas Compresoras de Tratayen y Salliqueló en el Gasoducto Néstor Kirchner (GNK) que implica una pérdida de transporte de gas natural de 11/12 millones de m3/día y también atrasó el gasoducto Mercedes-Cardales».
En segundo lugar, apuntaron a los problemas que trajo «el desmantelamiento paulatino de Cammesa y su desafectación del manejo del GNK (tramo 1), el gas importado de Bolivia y el gas contratado de los barcos en Escobar (15% del gas natural a transportar) a manos de Enarsa» porque esto «impide un manejo integral y unificado de las herramientas existentes para hacer frente a los momentos de crisis».
En tercer lugar, detallaron que hubo una decisión de contratar 10 barcos en lugar de 20 para hacer frente al frío y esto habría sido un error de cálculo. «El frío sostenido se adelantó, los barcos de GNL no están y el Estado tiene que salir a comprar 200.000 toneladas de fuel oil y 350.000 m3 de gas oil por un monto de U$s 500 millones de dólares no trasladable a la factura de gas».
El final de la historia termina con otro desembolso millonario de las arcas públicas debido a un desmanejo de los asunto de Estado como lo es la provisión de gas de un país que lo produce: «Además, presionaron a las distribuidoras de gas natural para que compraran el gas de los barcos al precio contratado (U$s 12 cada 27 m/3) y que lo vendieran a 4 U$s. Las distribuidoras se negaron, la licitación quedó desierta, se atrasó el proceso de compra-venta y, finalmente, el Estado aceptó hacerse cargo de la diferencia vía nuevos subsidios».
En otro orden señalaron que la demora en el proceso licitatorio del GNK 2 que aportaría otros 20/22 millones de m/3 por día es otra patada en contra: «Recordemos que el primer tramo del GNK se realizó en tiempo récord con financiación proveniente del impuesto a la riqueza que este gobierno no está dispuesto a reeditar».
Por último, apuntaron a otro atraso en obras pero del Gasoducto Norte que se detuvieron «porque estuvo en discusión el estilo de financiamiento, a pesar que el BND brasilero ya acordó un préstamo equivalente al 75% del costo de la obra y porque existen demoras en los pagos previstos con empresas que comenzaron los trabajos. La reversión actual es una versión minimizada de la original y permitirá utilizar solo los motocompresores de las cuatro plantas en cuestión y no, sus turbinas. Por supuesto, en este ítem, los privados discutieron hasta el límite sus aportes y el gobierno pretendió no usar ese préstamo del banco estatal brasilero. Demoras innecesarias que acumulan escollos salvables si no hubiera imprevisión».
Por todos estos motivos, desde la APJGas consideraron que «Ganar plata no es lo mismo que privilegiar el servicio público de una Nación con un pueblo usuario que paga rigurosamente sus facturas (el índice de morosidad es menor al 5%). Los intereses crujen y se develan con total crudeza».
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