El conflicto en Sancor no encuentra salida por el momento. Los directivos sumaron a las deudas, una nueva denuncia penal contra los trabajadores y trabajadoras de la empresa láctea, solicitando el «cese de estado antijurídico» para disciplinar los reclamos. «Nadie dejó de trabajar si no quiso hacerlo«, remarcaron desde el gremio Atilra.
Los actuales directivos de Sancor C.U.L. denunciaron nuevamente a sus trabajadoras y trabajadores ante la justicia penal, solicitando el «cese de estado antijuridico» que según el gremio tiene como único objetivo «disciplinar al personal, sofocando y evitando todo debate y reclamo de derechos laborales».
Atilra remarcó además que estos directivos «adeudan diferencias salariales a los dependientes de la empresa *desde el año 2017, y continúan pagando en menos, evaden al Fisco, descontando de los recibos legales de haberes los montos destinados al sistema de la seguridad social (jubilación y obra social) y no los depositan, se los quedan»
Además, aseguran, «implementaron un ilegal sistema de «jornadas libres» violando el deber de suministrar ocupación efectiva y sin transitar previamente, como ordena la ley, un procedimiento preventivo de crisis, colocaron el flujo de caja fuera de la órbita de la empresa sustrayéndolo de sus acreedores a través de un fideicomiso financiero de administración, a tal punto que ni siquiera SANCOR C.U.L. aparece pagando los sueldos, sino que son depositados en cuenta gotas y en menos por el mencionado fideicomiso y realizaron una oferta de pago de la deuda salarial que fue aceptada en asamblea de trabajadoras y trabajadores, y luego no pagaron, no cumplieron».
Tras el listado de acusaciones, el gremio resaltó: «Es decir que, el infractor que incumple la ley denuncia penalmente a quien reclama que la cumpla. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es».
La entidad sindical remarcó además las «sobradas muestras de paciencia y tolerancia, promoviendo el debate y los puntos de vista referidos a la situación para que todos puedan Informarse, opinar y decidir libremente, acatando además las conciliaciones obligatorias dictadas por el organismo de aplicación, sin que los responsables de la empresa se avinieran a cumplirlas».
Frente a esto, describieron su indignación ante la respuesta judicial: «En su lugar, y aunque resulte increíble, denunciaron penalmente a las y los trabajadores acusándolos de compeler a otros compañeros y compañeras a retener la prestación por falta de pago de haberes, cuando ningún trabajador obligó a otro a hacer lo que no quiera. Nadie dejó de trabajar si no quiso hacerlo, y nadie retuvo la prestación por falta de pago de haberes si no quiso hacerlo».
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