Todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA. En la Rosada advierten que se preparan para una “batalla campal”, dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de “garantizar el orden” del que Patricia Bullrich se vanagloria públicamente. Ese “orden”, hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades “se siguen ejerciendo sin ningún problema”.

Un protocolo cuestionado

Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la llegalidad del protocolo antiprotestas” o “antipiquetes”. En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias. La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para reprimir la protesta social –clásica receta destinada a la aplicación del ajuste– la gestión actual invoca el llamado “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema “ley y orden” para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad. 

Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. La cuestión del orden se basa en una falacia: las protestas desde que llegó Milei han sido pacíficas y la provocación siempre provino de las fuerzas de seguridad; también es trucho el objetivo de despejar la circulación y hacer prevalecer el “interés público” cuando son los agentes quienes con frecuencia ocupan la calle para desarmar la protesta. El gobierno ni siquiera acepta que quede despejado algún carril. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, paralizar.

El jueves pasado recuperó la libertad Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo preso en una cárcel federal casi tres meses. Pero el fiscal Carlos Stornelli está obsesionado con mantener abierta esta causa –en la que en línea con el Gobierno quiso imputar terrorismo a quienes se habían movilizado, vendían comida o pasaban de casualidad– y ahora imputó a cinco personas más.

Escollos judiciales

Con excepción del juez Casanello, quien intentó avanzar en febrero, citó a Bullrich a una audiencia y le advirtió a que estaba cruzando los límites de lo legal, el comportamiento del Poder Judicial ha sido dilatar definiciones sobre el protocolo y sus consecuencias.

*Un habeas corpus de la legisladora porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad), que también planteaba la inconstitucionalidad del protocolo, fue lo que dio inicio a la causa que tuvo el juez Casanello. Esta no lo suspendió pero le señaló límites a Bullrich y le exigió que adecuara “la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y a los pactos internacionales de protección de los derechos humanos. Invocó criterios que en enero habían marcado tres relatores de  Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Milei (que éste ignoró) que señalaba aspectos ilegales de la norma. El magistrado le dijo a Bullrich que no puede aplicar el poder punitivo por fuera de la legislación y que si sus fuerzas advierten un delito deben pedir intervención judicial. El camarista Eduardo le sacó la causa y la mandó al fuero penal ordinario.

Ya desde antes, el expediente había peregrinado por esos tribunales y pasó por ocho juzgados y una Cámara. “Tuvimos que esperar 50 días cuando hicimos la denuncia con el Centro de Abogados por los Derecho Humanos hasta que Casanello aceptó la competencia, pero el gobierno logró quitarle el caso. Ahora está hace meses en la Corte, que tiene que resolver una simple discusión de competencia,  mientras se sigue aplicando el protocolo a quienes protestan”, señaló Fierro a Página/12. 

*El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amparo colectivo en diciembre, donde denunciaba que el protocolo “lesiona, restringe, altera y amenaza derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión. Es decir, es ilegal y arbitrario”. En un comienzo  le juez Cormick se declaró incompetente y la causa terminó en la Cámara Federal, que tuvo la causa cuatro meses. En junio volvió al juzgado de Cormick quien, en agosto, le pidió el Estado Nacional que presente un informe previsto en la ley de amparo.

“El Ministerio de Seguridad dijo que el protocolo es legal y constitucional, que no hay ningún perjuicio o lesión al derecho y que la gente protesta con normalidad. Que es para poner orden, ya que el derecho a la protesta está sujeto a límites. Se valen de la idea de ‘colisión de derechos’ (protesta versus circulación) pero anulan un derecho. Desde el CELS respondimos que no hay normalidad, que no está garantizado el derecho a la protesta en términos del sistema interamericano de derechos humanos si impedís que la gente corte la calle, modalidad histórica de visibilizar reclamos en Argentina. Reprimen y detienen, usan armas menos letales (gases, balas de goma, camiones hidrantes) en forma desproporcionada. La protesta no está garantizada”, advierte Agustina Lloret, Coordinadora d Litigio y Defensa Legal del CELS. El organismo recuerda jurisprudencia según la cual los cortes de tránsito no pueden ser asimilados al artículo 194 del Código Penal cuando son para ejercer “derechos como la libertad de expresión y de reunión”. Cormick, tarde o temprano, tendrá que decir algo.

La especialista señala como casos emblemáticos el del 12 de junio (represión en la protesta por la Ley Bases que terminó con 33 detenidos/as), donde además “tuvo un fuerte papel el fiscal Stornelli” que se alineó con el discurso del gobierno que trató a los manifestantes como terroristas y desestabilizadores. Otro ejemplo es la creciente represión a  jubilados/as que van los miércoles a manifestarse. “La presencia policial  y de otras fuerzas es fuerte en todas las protestas donde dicen que van a despejar las vías de circulación. A menos que sean movilizaciones muy masivas donde eso es imposible, como ocurrió con la marcha universitaria, o la del  24  de marzo, que es histórica. Cuando no hay millones de personas hacen el despliegue represivo y criminalizante, y claramente buscan un efecto disuasivo”, señala Lloret.

El CELS hace presentaciones ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre la reacción estatal ante cada protesta reprimida. Esto logró despertar preocupació hace dos meses hubo una audiencia de organizaciones argentinas con representantes de ambos organismos. El gobierno de Milei tuvo que dar explicaciones y sus funcionarios aludieron a las manifestaciones como si fueran un alzamiento contra las autoridades democráticas. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el responsable de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, dijeron que todo es para evitar una “desestabilización”. El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Jan Jarab, cuestionó el “desincentivo” al “derecho a la protesta” y el uso de la palabra “terrorista” para referirse a manifestantes. El comisionado José Luis Caballero, advirtió recordó que protestar “es una acción vinculada a la promoción y defensa de la democracia”.

Números y políticas

En el informe “Bala y Cárcel” el CELS señaló que para julio último 665 personas habían sido heridas en protestas solo en la Ciudad de Buenos Aires; 47 trabajadoras/es de prensa quedaron heridos en manifestaciones; hubo 80 detenciones al azar en Córdoba, Rosario y CABA; se les quiere cobrar 131millones de pesos a organizaciones por el operativo del 12 de junio (tampoco existe transparencia sobre cómo se hace ese cálculo). Un mecanismo de disuasión de la protesta es realizar requisas en transportes públicos. Solo el 20 de diciembre de 2023, por ejemplo, fueron requisados más de 700 transportes. El gobierno se ha negado a dar información sobre los operativos anti-protesta frente los pedidos de acceso de la exdiputada Myriam Bregman. Según el protocolo, además, pueden identifica a quienes organizan y convocan. Quizá sea uno de los motivos de tanta inversión en ciberpatrullaje y servicios de inteligencia.

Bregman tuiteó esta semana que en una causa a cargo del juez Julián Ercolini sobre la represión en la primera manifestación contra la Ley Bases, que se hizo el 1 de febrero, ya declararon 16 periodistas y fotógrafos y denunciaron que la policía les disparaba directamente a ellos, a la cara y a quemarropa (están presentados el Sindicato de Prensa de Buenos Aires la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina). Fue la marcha donde quedó herido en un ojo con un balazo de goma el abogado de Matías Aufieri (del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), hecho que forma parte de la pesquisa. El ataque a la prensa, como es obvio, pretende evitar los registros de la represión. Ese día en particular, además, se reprimía a gente que estaba arriba de una plazoleta (no en la calle). Esto está vinculado con otro hecho denunciado por los manifestantes, que es que de pronto bajó la iluminación en la plaza de los dos Congresos. El gobierno porteño lo confirmó, pero no explicó la razón.

En este contexto que intenta disuadir la protesta y meter miedo, las y los jubilados, como escribió Luis Bruschtein en este diario, se están convirtiendo en los verdaderos héroes de este tiempo que sostienen la movilización y ponen el cuerpo. Sobre ellos ha caído el gran peso del ajuste y la pelean a pesar de los palazos. Ese azote a los adultos mayores concita unos de los mayores rechazos del gobierno de Milei.