La ministra de Seguridad mete la cuchara en el conflicto aeronáutico y demandó al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Es por presuntas amenazas y extorsión. El dirigente había advertido: «Esto se va a poner mucho peor».
El ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich presentó una denuncia por amenazas y extorsión contra el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró. Fue por las expresiones realizadas por el dirigente en las que advertía que el conflicto en el servicio de transporte iba a recrudecer.
“Esto se va a poner mucho peor…”, fue el comentario realizado por Biró del que se tomaron los abogados del ministerio de Seguridad para accionar penalmente contra él.
«El Ministerio de Seguridad considera que las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal», indica la presentación realizada este miércoles.
La denuncia, además, enfatiza que el derecho a huelga debe ejercerse «de manera razonable y proporcional, y en el caso de servicios esenciales como el transporte aéreo, cualquier interrupción abrupta podría tener un impacto significativo para la gente y la seguridad pública».
La presentación fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo de Elizabeth Paisán. La formalizó el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Oscar Soto.
Para los funcionarios, los dichos de Biró se realizaron en el marco del conflicto aeronáutico relacionado con la decisión del Gobierno Nacional de declarar el transporte aéreo como un «servicio esencial», imponiendo la obligatoriedad de mantener un “servicio mínimo” en actividades de importancia estratégica para el país.
La denuncia busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos, subrayaron desde la cartera que conduce Bullrich. «Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales sin agotar otras vías previas podría ser considerada una ´huelga salvaje´ y, por lo tanto, estar fuera del amparo constitucional», argumentaron.
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