(Por Pablo Maradei) El Gobierno tiene decidido anunciar en los próximos días la finalización de las contrataciones a través de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA); un ente por el cual el Ministerio de Justicia canaliza la relación laboral de unos 3.000 trabajadores, algo así como el 50% de su plantilla.
En la cartera de Mariano Cúneo Libarona se viven momentos de tensión; no solo porque la inminente finalización de las contrataciones a través de la Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) sino porque, de acuerdo a lo que reconstruyó InfoGremiales, hubo piñas y hasta una persona que se infartó y murió. A propósito de carencias, el desfibrilador, que es obligatorio tener en las dependencias laborales, no funcionó.
El Ejecutivo ya viene amenazando desde hace algunos meses con el desmantelamiento de lo que son las contrataciones a través de la ACARA. ¿Lo hará? Hasta ahora nadie se animó por los intereses y el dinero en juego.
La última vez que se intentó desactivar estos entes (en el ministerio de Seguridad ocurre lo mismo) fue en 2018 bajo el Gobierno de Cambiemos: pero a Mauricio Macri no le dio la nafta y todo quedó igual. En aquel entonces el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dio marcha atrás con su intención de cerrar estos entes cooperativos. Germán Garavano, su par de Justicia, salió en defensa de la caja que maneja millones en sumas extras y gastos.
Hasta ahora funcionaron en el Ministerio de Justicia como una suerte de “caja paralela” para contratar personal, pagar “incentivos” a sus empleados, y afrontar gastos de distinto tipo. Con una salvedad: esos fondos no están sujetos a control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni de la Auditoría General de la Nación (AGN) y permiten un uso discrecional de los mismos. ¿Por qué? Porque esos recursos que maneja ACARA y le transfiere al Ministerio de Justicia, están fuera del Presupuesto nacional.
Lo de los entes no es nuevo, data de la época de Ricardo Alfonsín; de cuando se creó ACARA que le «permitía» al Ministerio de Justicia «funcionar mejor». Lo que empezó como una situación marginal escaló a niveles siderales y hoy la mitad del personal, unos 3.000 trabajadores, están bajo contratos de ACARA: los fondos se juntan justamente de las recaudaciones por diversos trámites que se realizan en los registros automotor. Como era el caso por ejemplo de la emisión de la Cédula Azul, cosa que ya no corre más. Como este ejemplo hay varios trámites que no van más y por lo tanto la caja recaudatoria fue menguando por lo que impactará en el destino laboral de esos 3.000 contratados.
Por fuentes consultadas para esta nota, se está «especulando/analizando que una salida podría ser incorporar al ´sistema público´ a algunos de los contratados, aunque perderían la «antigüedad» (por que tendrían que renunciar) y les ofrecerían contratos conocidos como artículo 9 por tres meses para en diciembre continuar con los despidos».
Concluyen las mismas fuentes: «Deben pensar que al que no le guste, que se vaya a pelear con ACARA; y con suerte se podrán llevar como indemnización lo que quede, como puede ser un teclado, un mouse o un monitor».
Con todo y acaso por la incertidumbre y la angustia, este martes falleció un estatal de 68 años que trabajaba en el piso de arriba Cúneo Libarona. Aunque intentaron reanimarlo con un desfibrilador, el instrumental no funcionó. También supo InfoGremiales hubo dos suicidios.
INFOGREMIALES
