Daniel Goral llegó este martes a trabajar en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo como todos los días. Empleado administrativo, se sentía nervioso desde hacía unos días, cuando en la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona se anunció un nuevo ajuste.
Desde la semana pasada se hablaba de 1200 despidos hasta fin de año y a Goral le habían pedido que presentara su CV ante la superioridad. A los 68 años, con treinta de carrera, la intranquilidad fue en aumento. Eran poco más de las 7.30 de la mañana cuando el hombre, con antecedentes cardíacos, hablaba por teléfono con su hermana y se desplomó.
Una compañera trató de hacerlo volver en sí. El SAME llegó a los quince minutos al edificio de Sarmiento 329. No hubo manera de reanimarlo. En el lugar había dos desfibriladores. Signo de los tiempos: no funcionaban. Se había pedido su reparación en meses de racionalización en el sector público. Goral falleció a los 68 años. Horas más tarde, el ministro Cúneo Libarona recibió a la hermana del empleado del área jurídica.
Rubén López, secretario de acción política de ATE Capital destacó en diálogo con Página/12 el sentimiento de empleados estatales ante la motosierra de Javier Milei. “Piden listados de personajes jubilables y hay un reajuste feroz en personal”. El dirigente gremial manifestó que “hay mucha angustia que no se evalúa” y que las medidas “ponen en shock a familias enteras ante la posibilidad de caer del sistema”.
Una frase de López describe la sensación cambiante en apenas 72 horas, desde el anuncio del ajuste, y cómo lo procesan los trabajadores: “El viernes había pánico, el lunes lo que había era bronca”.
A la manera de los agentes inmobiliarios de Glengarry Glen Ross, la obra teatral de David Mamet en la que los personajes reciben la noticia de que solamente dos de ellos mantendrá el empleo en la oficina según las ventas que hagan en los días siguientes, sentimientos de desamparo afloran ante la perspectiva del desempleo en un país que, para combatir la inflación, generó una fenomenal recesión, lo que lleva a engrosar el número de desocupados.
A esto se suma la incertidumbre por unas condiciones de trabajo reñidas con la legalidad y que se practican desde el corazón del Estado. López afirma que “hay una enorme pérdida de derechos”, con sueldos pagados en parte en negro, algo que la Corte Suprema rechazó en un fallo de 2023. La sentencia obligó al Ministerio de Justicia a pagar en blanco el ciento por ciento del salario, con lo que el total de los haberes se debería computar para los aportes previsionales. El ministerio dedicado a las cuestiones del Poder Judicial fue intimado a blanquear la situación, cosa que no ha hecho.
De este modo, hay empleados que tienen sus labores acotadas según el artículo 9 de la Ley marco de regulación de empleo público nacional y que los considera personal transitorio. Así, trabajan con contratos a tres, seis, nueve o doce meses. “Esto afecta a trabajadores calificados y te pueden despedir en mitad de contrato”, asegura López.
El estrés acumulado tuvo su lado más dramático en las últimas horas. La despedida de ATE a Goral resume la situación: “Abrazamos con todo nuestro afecto a sus compañeros de trabajo y a su familia. No queremos más crueldad y violencia laboral”.
Página|12
