El decreto de reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases generó una nueva polémica al excluir a los empleadores del personal doméstico de acogerse al proceso de regularización o «blanqueo» laboral. Este sector está marcado por la feminización laboral y sufre una alta informalidad por lo que esta decisión deja fuera de la posibilidad de legalización, con los correspondientes accesos a jubilación, seguros, vacaciones pagas y obra social a uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral.
Según el artículo 8 del decreto 847/2024, en su anexo 2, “las previsiones del Título IV de la Ley N° 27.742 no serán aplicables a las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 26.844”. Esto significa que los empleadores de personal doméstico no podrán beneficiarse de la regularización de las relaciones laborales que establece dicha ley.
El impacto de esta exclusión es notable. De acuerdo con datos del INDEC, de los 1,7 millones de empleadas domésticas en Argentina, menos de 500.000 están registradas en la Seguridad Social, lo que representa una tasa de empleo no registrado cercana al 70%. La Resolución 5577/2024 de la AFIP, que fija el 24 de diciembre de 2024 como plazo máximo para la regularización laboral, tampoco incluye a este colectivo.
Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), en diálogo con Clarín, criticó la exclusión que introduce el decreto reglamentario, señalando que no estaba contemplada en la ley original y que afecta al sector más informal del país.
De manera similar, consultado por el mismo medio, Matías Isequilla, abogado de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), calificó la medida como arbitraria, ya que impide a miles de trabajadoras domésticas acceder a derechos laborales básicos.
El mencionado decreto 847/2024 permite a otros sectores regularizar relaciones laborales no registradas, con beneficios como la condonación de deudas y sanciones. Sin embargo, la exclusión del personal de casas particulares deja a este grupo altamente feminizado y vulnerable, sin posibilidades de acceder a los mismos beneficios, perpetuando su inestabilidad dentro del sistema laboral argentino.
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