Pese a que ya había sido quitada de la Ley Bases, la gestión de Milei vuelve a insistir con vender una empresa que ya estuvo en manos privadas entre 1990 y 2008. Uno de los insólitos argumentos es el alto índice de pobreza, que tuvo una sideral suba en los primeros seis meses de la administración libertaria.
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como empresa “sujeta a privatización” a Aerolíneas Argentinas, una decisión que se toma en medio de un conflicto con los gremios aeronáuticos por las un aumento salarial para el sector pero que también forma parte de las intenciones de la administración nacional de desguazar las empresas del Estado en pos de “alcanzar el equilibrio fiscal” de las arcas públicas.
A través del decreto 873/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio el primer paso para poner en venta la línea de bandera aerocomercial. “Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, a la empresa Aerolíneas Argentinas S.A”, indica el texto del decreto. La gestión de Milei retoma la decisión de vender Aerolíneas pese a que ya había sido descartada de la lista de las empresas públicas sujetas a privatización tras los meses de debate que demandó la Ley Bases.
Entre los considerandos del decreto se aclara que “el procedimiento a seguir para la privatización” se realizará en el marco de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, una norma de 1989 aprobada durante la gestión de Carlos Menem- que establece que el Congreso debe asignarle trámite parlamentario de preferencia y tratar la iniciativa del Ejecutivo en ambas Cámaras.
Uno de los planteos del Gobierno es que el Estado debe “destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen”, dado que “la pobreza alcanza al cincuenta y dos coma nueve por ciento 52,9% de la población”, un dato que el propio Milei contribuyó a aumentar con sus políticas económicas en un 11,2% en sus primeros 6 meses de gestión.
Además, desde el Gobierno argumentan que “el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”.
En esa línea, sostienen que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.
Para volver a privatizar la empresa -como ya lo estuvo entre 1990 y 2008- desde el Gobierno también aducen el “déficit crónico” de la compañía, una dotación de pilotos de 1.204 pilotos para 81 aviones activos que resulta “excesivo comparado con los de la industria” y que la compañía representa “un caso aislado en el mundo” ya que “no existen aerolíneas de bandera gestionadas 100%” por el Estado.
Este decreto, anunciado días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, ahora deberá ser tratado en el Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) intentará negociar el apoyo de los sectores aliados del PRO y de los dialoguistas de Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Unión Cívica Radical (UCR), entre otros.
FUENTE: EL DESTAPE
