El CELS realizó una presentación judicial ante la «grave situación» en que el Gobierno deja al Hospital público nacional Laura Bonaparte con el anuncio de cierre. El hábeas corpus enfatiza la urgencia del cuadro porque se trata de la profunda afectación de decenas de personas internadas y más de 900 pacientes externos que siguen sus tratamientos allí, en incumplimiento de la Ley de Salud Mental N° 26.657.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de hábeas corpus preventivo y correctivo para proteger los derechos de los pacientes del Hospital Nacional Laura Bonaparte en Buenos Aires. La medida se originó tras el inesperado cierre de los servicios de guardia e internación del hospital el pasado 4 de octubre, afectando a decenas de personas internadas y a más de 900 pacientes externos que acuden regularmente a esta institución de referencia en salud mental.
El cierre repentino de los servicios del hospital, que funciona sin autoridades responsables desde el anuncio, representa, según el CELS, un serio riesgo para los pacientes y el personal, dejando a los trabajadores como los únicos encargados de la atención. La denuncia destaca que esta situación vulnera derechos humanos y solicita al juzgado que ordene la reanudación inmediata de las funciones hospitalarias y la abstención de trasladar pacientes sin consentimiento ni evaluaciones interdisciplinarias.
En el documento judicial, el CELS denuncia una «grave situación en el Hospital Nacional Laura Bonaparte» y subraya el impacto del cierre en la vida de los pacientes y trabajadores de esta institución, que desde su fundación se especializa en la atención de salud mental y adicciones. Según el texto, el cierre «pone en grave riesgo de vulneración de derechos a las personas internadas en el mencionado centro de salud, pero también tiene un enorme impacto en los derechos de cientos de personas que reciben atención ambulatoria«, además de afectar a los niños y niñas que asisten al jardín del hospital y a los empleados de la institución. El CELS argumenta que estas personas ahora se encuentran «sin ninguna autoridad estatal» que pueda atender la situación, en tanto que el personal hospitalario asumió toda la responsabilidad de cuidado, aún sin el apoyo institucional necesario.
El recurso presentado también subraya que el cierre representa una violación a los principios establecidos en la Ley de Salud Mental N° 26.657, que regula las derivaciones de los pacientes. En este sentido, el CELS solicita que «se ordene al Estado Nacional, Ministerio de Salud de la Nación, no efectuar ningún traslado o derivación de pacientes por cuanto ello podría implicar un agravamiento ilegítimo de las condiciones de internación».
Además, exige que, de realizarse cualquier traslado, este cumpla con los requisitos de consentimiento informado y evaluación interdisciplinaria «que dé cuenta de la conveniencia del traslado en virtud de contar con mayor apoyo y contención social o familiar», tal como prescribe la normativa. La solicitud de hábeas corpus enfatiza la urgencia de las medidas, alertando sobre los riesgos a la integridad y derechos de los pacientes internados ante esta situación crítica.
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