La histórica empresa metalúrgica Impsa enfrenta una grave crisis por conflictos financieros que arrastra desde que estaba en manos privadas. Actualmente Impsa le debe al Banco Nación más de 14.000 millones de pesos. ARC Energy pidió renegociar esa y otras deudas, pero hay acuerdos preventivos de deuda firmados con los acreedores en el Segundo Juzgado Concursal. Entre esos acreedores está el Grupo Moneda del que forma parte el número dos del ministerio de Economía José Luis Daza.
La empresa metalúrgica Impsa atraviesa una situación crítica debido a los retrasos en la venta de las acciones que poseen el Gobierno nacional y provincial que adquirieron la empresa en 2021 para salvarla de la quiebra y proteger 700 puestos de trabajo, sumado a otras complicaciones operativas. Esto generó un importante déficit de flujo de caja que pone en riesgo el pago de salarios y la continuidad de sus operaciones. En un giro reciente, el Gobierno nacional solicitó a la empresa estadounidense Arc Energy que mejore su oferta de compra, aunque esto implicó la imposición de nuevas condiciones que complicaron aún más la transacción.
Según fuentes cercanas al proceso, la venta debería haberse resuelto en agosto, pero las postergaciones agravaron la crisis de la compañía, fundada en 1907 por Enrique Pescarmona. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,5% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza, que ha tomado un rol secundario en el proceso, tiene el 21,2%. La falta de acuerdo sobre el traspaso ha dejado a Impsa con deudas superiores a los 500 millones de dólares y sin capital suficiente para adquirir insumos básicos o desarrollar proyectos, afectando tanto su producción como su solvencia.
Un factor clave en esta problemática es el conflicto de intereses que envuelve a José Luis Daza, viceministro de Economía y miembro del Grupo Moneda, uno de los principales acreedores de la empresa. La situación genera incertidumbre respecto a la reestructuración de la deuda, una condición indispensable para que Arc Energy concrete la compra. Si no se alcanzan acuerdos en este aspecto, Arc Energy podría retirar su oferta, lo que complicaría aún más la supervivencia de la compañía.
El diario Los Andes consignó de una fuente cercana al procesa: “Ahí hay un problema, porque hay gente que es juez y parte. Tiene que aprobar el traspaso de una empresa que está pidiendo que le bajen la deuda a valores razonables, pero entre los que tienen que tomar esa decisión hay un viceministro que es parte del Grupo Moneda. Estamos ante un conflicto de intereses en ese caso”,
En cuanto al plano gremial, los trabajadores de Impsa realizaron un paro el 29 de noviembre tras haber recibido solo el 50% de su salario correspondiente. Sin embargo, un contrato con YPF permitió cubrir los pagos pendientes. A pesar de ello, la tensión persiste, y los empleados advirtieron que han enfrentado recortes salariales a lo largo de 2024. El 3 de diciembre, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para los más de 700 empleados, evitando por ahora nuevos conflictos laborales.
El futuro de Impsa es incierto. Aunque en los últimos años logró contratos significativos tanto en Argentina como en Estados Unidos, las restricciones financieras y operativas impuestas por la gestión actual del Gobierno nacional han paralizado proyectos clave. A pesar de los intentos de capitalización por parte de Arc Energy, el continuo aplazamiento de la venta y los problemas de deuda comprometen seriamente el futuro de esta histórica empresa metalúrgica argentina.
Según informó Clarín, los contratos en marcha son con YPF, Yaciretá, Ejército, con la modernización de los tanques de guerra, la Armada, y la fabricación de grúas para Estados Unidos. Arc Energy tiene interés quedarse con el negocio de las grúas de gran porte para puertos, que permitirán sustituir las grúas chinas que son mayoría en los puertos de Estados Unidos.
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