El Gobierno de Javier Milei comunicó el despido de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia y la eliminación de incentivos destinados a capacitaciones laborales, argumentando que estos mecanismos estaban desvirtuados porque «no se concretaban» y representaban un gasto injustificado para el Estado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la eliminación de estos contratos irregulares forma parte de la política del Gobierno para reducir la planta estatal: «Se eliminaron más de 2.400 contrataciones irregulares (…) contratados por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público.»
Además, el portavoz informó que el Gobierno suprimió un incentivo destinado al personal del Ministerio de Justicia que representaba 15.600 millones de pesos anuales. Originalmente, esta suma debía utilizarse para la capacitación de los empleados, pero, según Adorni, se transformó en una parte adicional del salario sin un correlato en la formación efectiva.
«Como dijimos siempre, toda caja que encontremos que es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar», agregó.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respaldó la decisión y afirmó que este sistema de contratación permitía «esquivar controles» y no respetaba los mecanismos del empleo público.
La medida se enmarca en lo que desde el Gobierno llamaron la profundización del «plan motosierra» que según el discurso del presidente del pasado 10 de diciembre, ya dejó en la calle a 34.000 trabajadores públicos y adelantó la continuidad de evaluaciones de idoneidad en otros sectores del Estado.
«Vamos a seguir ajustando cada privilegio y cerrando las cajas de la política. Se terminó la joda», planteó Cúneo Libarona, asegurando que estas acciones son solo el comienzo de una serie de reformas estructurales en el sector público.
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