Empleados de la la Secretaría de Derechos Humanos expusieron una problemática a partir del ajuste que ejerce el Gobierno en el sector encargado de elaborar políticas públicas a nivel nacional que garanticen la memoria y la lucha por los derechos inherentes a todas las personas a nivel judicial. Ya despidieron a 200 trabajadores aunque podría haber más y también cuentan con una oferta de retiros voluntarios, «no tan voluntarios».
Trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos alertaron sobre un ajuste profundo que pone en riesgo la continuidad de las políticas de memoria en Argentina. En diálogo con Radio 750, Paula Donadío, delegada de ATE Capital, y Alejandro Jasinski, trabajador despedido, describieron cómo los recientes despidos y la suspensión de contratos afectan gravemente la labor de la secretaría, en un contexto de ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Donadío precisó que más de 200 trabajadores han sido despedidos en todas las áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, y advirtió que ese número podría incrementarse en las próximas horas debido a la cancelación de contratos. “Si seguimos perdiendo trabajadores de la forma en la que lo estamos haciendo y con el poco mantenimiento que hay en los edificios, podemos decir que está en riesgo el Archivo Nacional y los espacios de memoria”, señaló. Además, afirmó: “Estamos viendo un desmantelamiento total de las políticas de la secretaría. El secretario dice que están reestructurando, pero yo no veo que los trabajos sean fácilmente reemplazables”.
Por su parte, Alejandro Jasinski, despedido del Programa Verdad y Justicia, relató cómo la incertidumbre marcó los últimos meses en la secretaría. “Con el plan de retiros voluntarios ya arrancó un día a día de oficina donde todos estaban debatiendo qué hacer y cómo rechazarlo, pero sin saber si había otra solución”, comentó. Según Jasinski, la falta de información concreta sobre el destino de quienes no aceptaban el retiro voluntario, que calificó de “no tan voluntario”, generó un clima de angustia y desgaste.
El impacto de los despidos no solo afecta a los trabajadores, sino también a las funciones esenciales de la secretaría. Jasinski subrayó: “Se pierde mucha experiencia de investigación, de conocer los informes, de saber dónde buscar. La Justicia, cuando haga pedidos, va a tener menos equipo, menos asistencia a víctimas y menos investigación”. Además, lamentó que el ajuste socave el rol crítico del Estado: “El Estado pierde su rol de autocrítica que tiene la secretaría. Me parece que ahí es donde apunta la gestión actual, a desmantelar la política pública y ese rol”.
El ajuste en la Secretaría de Derechos Humanos se enmarca en una ola de despidos que ha generado el rechazo de gremios y organizaciones sociales, quienes advierten que esta política amenaza la preservación de la memoria, la asistencia a víctimas y el compromiso del Estado con la verdad y la justicia. Mientras tanto, los trabajadores continúan denunciando lo que consideran un ataque directo a los derechos humanos en Argentina.
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