El operativo llevado a cabo este jueves en el Parque Nacional Los Alerces, destinado al desalojo de la comunidad mapuche Lof Pailako, generó fuertes críticas por parte de la CGT Regional Saúl Ubaldini de Comodoro Rivadavia. Su dirigente Gustavo Fita señaló un uso innecesario de recursos públicos tras confirmarse que las familias habían abandonado el lugar voluntariamente un día antes. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajó especialmente.
Gustavo Fita, dirigente de la CGT regional, calificó el operativo como un «circo mediático». A través de su cuenta en X, expresó su indignación: “Hoy fuimos testigos de un nuevo acto de despilfarro por parte del Gobierno Nacional y Provincial. Decenas de vehículos, agentes y recursos públicos fueron movilizados innecesariamente, todo para generar un show mediático. Mientras tanto, las necesidades reales de nuestra gente siguen siendo ignoradas”.
En el mismo sentido, el periodista Hernán Mercere difundió en su perfil una declaración del juez federal Guido Otranto que confirma la ausencia de personas en el lugar al momento del operativo. Según el magistrado, “el jefe de la PFA me acaba de comunicar que no había ninguna persona en el predio a desalojar cuando se presentó el oficial de justicia con la policía para ejecutar la medida”.
El operativo, que incluyó la presencia de un importante número de efectivos policiales, vehículos y equipos, fue preparado bajo la supervisión de las autoridades provinciales y nacionales para forzar el desalojo de tres familias con niños pequeños del Parque Nacional Los Alerces. Familias que llevan en ese territorio unas cuatro generaciones preexistentes al Estado argentino. Pese al traslado de decenas de vehículos, personal policial y funcionarios de alto rango, la desocupación del predio ya había sido resuelta el día anterior, lo que, según los críticos, expone una falta de coordinación y un presunto interés en generar impacto mediático.
Fita insistió en que estas acciones reflejan una desconexión entre las autoridades y las necesidades de la población. “Mientras se despilfarran recursos en operativos innecesarios, hay demandas urgentes que siguen sin resolverse”, enfatizó el dirigente sindical.
La comunidad Lof Pailako había ocupado el predio en Los Alerces, reclamando derechos territoriales. Aunque el desalojo fue ordenado por la justicia federal, los integrantes de la comunidad se retiraron de forma pacífica antes de que se ejecutara la medida.
El episodio ha reavivado el debate sobre el manejo de los conflictos territoriales y el uso de recursos públicos en la región, sumando un nuevo capítulo a la ya compleja relación entre el Estado y las comunidades originarias en la Patagonia.
