El Ministerio de Salud eliminó la intermediación que los sindicatos tienen con las prepagas y le quitó fondos que eran claves para las obras sociales. La mesa chica de la central obrera se iba a reunir ayer pero postergó para el jueves la cumbre.
La CGT pasó para el jueves la reunión de la mesa chica que tenía pautada para ayer, lunes, para fijar posición sobre la decisión gubernamental de establecer cambios en la normativa sobre los aportes para las prepagas.
Algunos secretarios generales consideran que la vía legal puede ser el camino más indicado para tratar de hacerle frente a la resolución que fija el nuevo mecanismo, evitando la triangulación con las obras sociales.
También la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, que continúan activando una senda para volver a conformar una sola central obrera, mantienen atención sobre la cuestión de las obras sociales en lo que incluso debaten por estas horas como sus planes de lucha 2025.
«Terminamos con el negocio histórico de las intermediaciones en el sistema de salud», dijo Mario Lugones a cargo de la cartera sanitaria. Por su parte desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) su secretario general Rodolfo Aguiar consideró «es la sentencia de muerte de las obras sociales sindicales porque está claro que su desfinanciamiento será total y acelerado».
El sindicalista estatal acotó que la premisa es «forzar el traspaso de afiliados a las prepagas. Lo cual a todo análisis es inadmisible, porque a todas luces lo que pretenden es romper el criterio de solidaridad que ha caracterizado el sistema».
Actualmente, el empleador deriva los aportes al fisco, el cual después llega al esquema establecido por las organizaciones gremiales, los cuales suelen contar con contratos y convenios con las empresas prepagas que reciben los fondos. En esa triangulación, las obras sociales retienen un porcentaje que va del 3% al 10%, un sistema que abarca a más de 1.350.000 afiliados.
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