La resolución que ordenó el traspaso de cientos de miles de afiliados a las empresas de salud privadas desató una interna en la CGT y una estrategia judicial diferenciada, que arrancará con demandas esta semana. El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, radical, ex juez del proceso a las Juntas y ex ministro de Justicia, el principal referente de la estrategia de los “sellos de goma” de los gremios.
La conmoción en el sindicalismo por la sangría en curso en el padrón de afiliados de sus obras sociales activó estrategias judiciales que verán la luz esta semana. Las denuncias contra la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que ordenó el traspaso compulsivo a las empresas de medicina privada de asociados que contaban con sus servicios mediante una triangulación con prestadoras de los gremios, serán individuales por parte de cada entidad afectada y dejarán en evidencia, además, la interna desatada en la CGT: la histórica entre “sellos de goma” que actuaron por décadas como meros promotores de prepagas, y sindicatos con redes propias de salud que se asociaron con privados sólo de manera complementaria, que recrudeció ante la crisis. En ambos casos la caída de afiliados fue masiva.
Como anticipó El Destape, la respuesta legal se hará en tres planos: presentaciones administrativas ante la SSS para reclamar la suspensión de la norma; demandas ante el fuero Civil y Comercial Federal contra la resolución por entender que violenta acuerdos de la esfera del derecho privado, y denuncias penales contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente, Gabriel Oriolo, los funcionarios ubicados en la primera línea de ejecución de la medida y que, sin embargo, no la firmaron con el argumento de ser partes interesadas por sus vínculos de décadas con el sistema prepago.
En el grupo de obras sociales originariamente pequeñas pero que engrosaron su nómina de manera exponencial en la triangulación con las prepagas, la estrategia judicial ya está en marcha. Y tiene como principal referente, llamado a ser el salvador de las entidades de salud de los sindicatos peronistas, a un radical histórico: Ricardo Gil Lavedra, ex juez del proceso contra la Junta militar de la última dictadura, ex ministro de Justicia y actual presidente del Colegio Público de Abogados. Es el asesor legal de la Obra Social de los Mandos Medios Telefónicos (Osmmedt), una prestadora que hasta el mes pasado acumulaba una cápita de 250 mil afiliados merced a acuerdos con privados.
No es la primera vez que Gil Lavedra asume un rol protagónico en defensa de una institución del peronismo como los sindicatos. La medida cautelar que la CGT presentó contra el capítulo laboral del DNU 70/23, y que cosechó un triunfo en la Cámara del Trabajo con un amparo todavía vigente, contó con el constitucionalista como aportante intelectual junto al equipo de abogados de la central obrera. En este caso fue el primero en organizar reuniones con letrados de otras prestadoras que triangularon servicios (los “sellos de goma” más mencionados por el Gobierno y también cuestionados por los sindicatos con obras sociales grandes) a raíz de una vinculación histórica con la UCR de Osmmedt, adonde pesa un directivo de apellido ilustre en el linaje partidario: Juan Carlos Storani.
En la misma línea de Osmmedt, aunque por separado, preparan denuncias otras obras sociales multitudinarias por la triangulación como las de Electricistas Navales, Personal de Organismos de Control, Aeronavegantes de Entes Privados y Árbitros, entre otras. Las presentaciones que se harán desde esta semana se direccionarán al fuero Civil y Comercial a pesar de que el Contencioso Administrativo es el que debe resolver contiendas relacionadas con leyes, decretos y resoluciones. Pero los responsables de la estrategia saben que allí suelen encontrar jueces sensibles a los deseoos de la administración libertaria.
Desde este grupo se envió una comunicación a afiliados para anoticiarlos de los efectos de la resolución 1/2025 y advertir sobre los posibles perjuicios en sus coberturas ante el desenganche en la triangulación. El texto arranca con la diferenciación que existe entre OOSS como “entidades sin fines de lucro, creadas para garantizar el acceso a la salud de los trabajadores y sus familias” y prepagas que “son empresas privadas con fines de lucro, cuyos ingresos pueden repartirse entre sus accionistas”, cuyas obligaciones y responsabilidades legales también son diferentes. “Si una prepaga cambia de dueño, se fusiona o entra en quiebra, no existe un mecanismo definido para reasignar a los afiliados, lo que puede poner en riesgo su continuidad en la cobertura”, advierte el documento.
En cuanto a las obligaciones prestacionales de unas y otras, el texto señala que “las Obras Sociales garantizan cobertura sin importar la cantidad de aportes, la composición del grupo familiar o enfermedades preexistentes” mientras que “las prepagas pueden cobrar adicionales por preexistencias y condicionar la afiliación”. También destaca que frente a la pérdida del empleo las OOSS deben cubrir servicios de salud por tres meses mientras que las prepagas “pueden dar de baja la afiliación si no se paga la cuota”.
“La Resolución 1/2025 indica que tus aportes podrían ser gestionados directamente por una prepaga, en lugar de tu Obra Social actual. Esto podría afectar tu cobertura y las condiciones de tu atención médica, especialmente en casos de alta complejidad como trasplantes, medicación oncológica, discapacidad y enfermedades crónicas. Sin una planificación adecuada, la implementación de esta medida genera incertidumbre y dificultades en la cobertura de los tratamientos esenciales. Muchos beneficiarios no tienen respuestas claras sobre quién garantizará su atención, lo que pone en riesgo la continuidad de sus cuidados”, agrega el comunicado. También resalta que la aplicación de la norma podrá “favorecer la concentración del mercado, reduciendo la competencia y afectando la calidad del servicio”.
Por cuerda separada, otro grupo de obras sociales de sindicatos medianos, que cuentan con red prestacional propia y acuerdos con prepagas sólo de manera complementaria, incluso en alianza con sectores de empleadores, prepara su propia batería de demandas. Entidades de salud como las de Obras Sanitarias, personal del gas, Asociación Bancaria o Aeronavegantes intentaron hasta ahora sin éxito que la CGT se involucrara en su defensa. Alegan diferenciarse de los “sellos de goma” y que sin embargo el triunvirato evitó respaldarlos con el argumento de no mostrarse cerca de los “sellos de goma”. En estas entidades el impacto de la resolución fue variable. Es que el Gobierno borró de un plumazo todos los afiliados de OOSS con derivaciones que hubiesen sido denunciados como tales por las prepagas, por lo que la repercusión depende del cumplimiento de esa exigencia por parte de los privados.
FUENTE:EL DESTAPE
