Tras el cimbronazo que produjo en la CGT una sangría de afiliados de sus obras sociales por una resolución en principio apuntada sólo a “sellos de goma” que triangularon con prepagas, el ministro de Salud, Mario Lugones, avanzó con el compromiso que asumió ante la “mesa chica” de diferenciar los casos.
El Gobierno comenzó a devolverles a las obras sociales sindicales parte de los afiliados que había transferido de manera compulsiva a las empresas de medicina privada. Lo hizo como parte de una negociación política de la CGT con el ministro de Salud, Mario Lugones, que había adelantado en exclusiva El Destape la semana pasada. La gestión se montó en torno de la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dictada con el alegado propósito de poner fin a una triangulación que data de hace tres décadas entre prestadoras sindicales y prepagas.
La restitución de afiliados fue progresiva e impactó desde el fin de semana en la documentación electrónica consultada por los sindicatos perjudicados, tal como confirmó media docena de dirigentes con los que habló este medio. El movimiento, sin embargo, todavía no se tradujo en la devolución de los aportes que la norma permitió al Gobierno dejar de enviarles a las obras sociales y retener en teoría con destino a las entidades privadas.
El fin de la triangulación anunciado por la administración libertaria mantuvo paralizada a la central obrera desde comienzos de año. Su conducción sólo tuvo margen para reuniones esporádicas y en reserva de su “mesa chica” y la resolución de la SSS fue tema casi excluyente. Es que el Ejecutivo la había presentado como la derogación de un mero negociado por el cual un puñado de prestadoras sindicales -“sellos de goma” de sindicatos pequeños asociados a privados- habían derivado a unos 4 millones de afiliados a prepagas sin darles prestación alguna pero a cambio de un “peaje” consistente en la retención de un 2 a 3% del aporte total a la seguridad social.
La incertidumbre por el alcance de la medida se convirtió en pánico cuando la quita de afiliados no se limitó a los “sellos de goma” sino que alcanzó a todos los gremios con obras sociales que hubiesen contratado con prepagas para el otorgamiento de planes complementarios para sus afiliados sin renunciar a la red prestacional propia. Así se produjo una sangría en padrones de gremios tradicionales como la Federación de Petroleros, el gremio del personal del gas, la Asociación Bancaria, y hasta Obras Sanitarias, en donde gobierna el mayor referente en CGT de esta materia, José Luis Lingeri.
La reacción de la CGT fue, sin embargo, tardía. El triunvirato de líderes no tenía mayor interés en atender una problemática que apenas los rozaba: es que las obras sociales de gremios grandes como Comercio, Sanidad, Camioneros, UPCN (estatales) y Uocra (construcción) no perdieron afiliados al no tener acuerdos con prepagas. Pero además los incomodaba involucrarse en una causa que tenía como principales afectados a los “sellos de goma” que la central había cuestionado durante años por llevarse de sus propias prestadoras a trabajadores sanos, jóvenes y con buenos salarios para facilitárselos a las prepagas con las que sellaron acuerdos de triangulación.
Pero el impacto sobre sindicatos de mayor envergadura agitó la tensión interna en la CGT y motorizó una serie de reuniones de la “mesa chica” en la sede del gremio UPCN. A los habitués de esos encuentros como Héctor Daer (Sanidad), el anfitrión, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez (Uocra) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) se sumaron algunos de los afectados por la normativa. La presión apuró contactos de Daer con Lugones en los que el funcionario comprometió una solución pronta.
De hecho la propia resolución había sido cruenta para el Gobierno: con la excusa de haber sido parte del sistema privado, ni Lugones (presidente de la Fundación Sanatorio Güemes) ni el superintendente de Salud Gabriel Oriolo (OSDE) quisieron firmarla y delegaron esa responsabilidad en el hasta entonces desconocido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud Roberto Luis Olivieri Pinto. Aún así las obras sociales afectadas (con más decisión, las consideradas “sellos de goma”) pusieron en marcha una estrategia judicial mediante amparos y hasta la amenaza de denuncias penales contra Lugones y Oriolo bajo la tutela legal del constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra.
Mientras la gestión política de la CGT con Lugones comenzó a mostrar efectos en un sector (el funcionario pidió a cambio paritarias atenuadas), en el de las prestadoras en su origen pequeñas pero que crecieron de manera exponencial en su nómina a través de los acuerdos de triangulación con las prepagas proliferaron presentaciones de medidas cautelares ante el fuero Civil y Comercial. Se calcula que una quincena de obras sociales inició demandas y en su mayoría tuvieron como primera respuesta el rechazo de los jueces a darles curso por entender que se trata de controversias del orden del fuero Contencioso Administrativo. Una primera victoria para el Gobierno que cuenta en esa trinchera judicial con jueces comprensivos.
En este segmento se cuentan obras sociales como las del personal de organismos de control (Ospoce); aeronavegantes de entidades privadas (Ospadep); serenos de buques; capataces y estibadores portuarios; personal mosaísta; empleados del Automóvil Club Argentino; personal naval, y otros. Se trata de entidades que, a pesar de haber contado en su origen con pocos centenares de afiliados de sus actividades, acumularon hasta cientos de miles de cotizantes.
FUENTE EL DESTAPE
