El Gobierno prepara un Decreto para la eliminación de Vialidad Nacional y otros organismos y hay 10 mil empleos en riesgo

Paradójicamente, mientras Vialidad Nacional avanza en el armado de un puente en un tramo de la Ruta 3 afectado por el temporal para poder conectar a los bahienses, el Gobierno prepara su eliminación. También otros organismos. Sería por Decreto. Lo adelantaron sus medios más cercanos e impactaría en unos 10 mil estatales.

 

 

Vialidad Nacional, un pilar fundamental para la integración territorial de la Argentina, cuna de ingenieros y proyectistas y por estas horas clave en el armado de un puente en un tramo de la Ruta 3 afectado por el temporal, llegaría a su fin.

Sería parte de la motosierra de Javier Milei y la profundización del abandono de las tareas del Estado. Así lo adelantó La Nación, uno de los medios más cercanos a las políticas del gobierno libertario y en algunas ocasiones su vocería informal.

Según trascendió desde Casa Rosada Vialidad Nacional está a punto de desaparecer. O al menos, de cambiar para ya no ser la que es actualmente.

El Gobierno prepara un Decreto para la eliminación de Vialidad Nacional y otros organismos y hay 10 mil empleos en riesgo

La administración del presidente Javier Milei prepara un decreto para modificar algunos organigramas. También se vería afectada la empresa estatal Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

“Falta; faltan un par de semanas, al menos”, explico una voz oficial al mismo diario. Actualmente, Vialidad es, por lejos, el hermano mayor de la fusión. Tiene 5304 empleados. Cuando el Presidente llegó a la Casa Rosada, ese organismo tenía 5703 trabajadores en su nómina, es decir, 400 más.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con un plantel de 717 dependientes (eran 1049 en diciembre de 2023) y Corredores Viales, 3622, una plantilla que se redijo desde los 4136 que habían cuando terminó el mandato de Alberto Fernández. En total, se trata de alrededor de 10.000 empleados públicos cuyo destino empieza a ser una incógnita.

 

 

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