Criminalización de la protesta en Misiones: Dos dirigentes docentes serán juzgados por su participación el año pasado en reclamos salariales

JUEVES 24 DE ABRIL-

Los referentes de la CTA-A Misiones, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, enfrentarán un juicio oral en octubre de 2025, acusados de desobedecer una orden judicial y obstaculizar el tránsito durante las protestas docentes del año pasado.

 

 

La Justicia de Misiones resolvió elevar a juicio oral la causa contra los dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) en la provincia, por su participación en las protestas docentes desarrolladas durante el primer semestre de 2024.

La audiencia fue fijada para el 15 de octubre a las 8:00 horas por el Juzgado Correccional y de Menores N° 1 de Posadas, que notificó este martes la decisión adoptada el pasado 15 de abril.

Gurina, secretaria general de la CTA-A Misiones, y Sánchez, secretario adjunto, están imputados por los delitos de «desobediencia judicial» y «entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal», en el marco de las manifestaciones del sector educativo que incluyeron cortes de calles y acampes.

La acusación surge tras una resolución del Juzgado de Instrucción Penal N° 7, a raíz de la reinstalación de un acampe en la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas el 4 de junio de 2024, que se había desmontado horas antes por orden judicial.

Las movilizaciones docentes de aquel período respondieron a un clima de creciente conflicto en el ámbito educativo de la provincia, marcado por fuertes reclamos de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales que confluyeron momentáneamente con reclamos de de Personal Policial y Penitenciario provincial. Diversos sindicatos, agrupaciones de base y colectivos docentes protagonizaron una serie de protestas, cortes de ruta y acampes en distintos puntos del territorio misionero.

Desde la CTA-A calificaron el proceso judicial como un acto de criminalización de la protesta social, y advirtieron que se trata de un intento de “disciplinamiento” frente a las demandas legítimas del sector educativo.

 

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