JUEVES 24 DE ABRIL-
La causa por el choque de trenes del Ferrocarril San Martín en el barrio de Palermo quedó a un paso del juicio oral. El fiscal Carlos Rívolo pidió la elevación a juicio de los seis operarios de la línea que ya estaban procesados por sus presuntas responsabilidades en el choque. Evitaron elevar las investigaciones sobre los funcionarios libertarios.
Acusados por «estrago culposo agravado», seis trabajadores enfrentan posibles penas de uno a cinco años de prisión en un investigación centrada en el «error humano» que no profundizó sobre posibles responsabilidades de funcionarios de Trenes Argentinos o de Transporte, pese a que diversos documentos confirman que las autoridades estaban al tanto de la situación crítica de la línea que ese día operaba sin el sistema automático de señalización por robos de cables en la zona.
El requerimiento llegó a pocas semanas de que se cumpla un año de la colisión que, según registró la Justicia, dejó un total de 61 heridos de los más de 90 pasajeros que aquel 10 de mayo viajaban en la formación del San Martín que embistió por detrás a una locomotora con furgón de trabajo detenida a la altura del puente que cruza la Avenida Figueroa Alcorta.
Dos de los procesados son precisamente el conductor y el ayudante de esa locomotora, Mariano Filangeri y Damián Bartoletti Renzi, mientras que los conductores de la formación de pasajeros fueron sobreseído.
En el requerimiento de elevación a juicio, dado a conocer por Página/12, el fiscal sostuvo que no hubo una única irresponsabilidad aislada de algún trabajador sino que todos habrían actuado en conjunto con «omisiones al deber de cuidado propio del oficio de cada uno de los acusados», lo que «significó el incremento del riesgo que se materializó en el resultado». Sobre el conductor de la locomotora y su ayudante, asegura que no contaban «con la capacitación y la idoneidad necesaria» para operar el sistema de frenado del On Board Computer (OBC) instalado en la locomotora.
Aunque menciona en varias partes de su escrito que el sistema de señalización automático no funcionaba ese día por la «constante aparición» de episodios de robo de cables, Rívolo no profundizó en posibles responsabilidades de funcionarios a cargo de la operación de la línea, como tampoco lo había hecho Ercolini en las instancias anteriores. Por el contrario, el fiscal incluso esboza una especie de defensa de Trenes Argentinos, al asegurar que los robos de cables provocaron que «desde la empresa se analizaran nuevas opciones para prevenir y solucionar el problema, como reforzar la seguridad en esa zona de la traza, reparar cercos olímpicos, y la protección de los cables y los abrigos de señales mediante distintos mecanismos”. No se explica por qué en esta ocasión los cables no habían sido repuestos.
La imputación e indagatoria de funcionarios fue un pedido expreso de uno de los querellantes en la causa, víctima del choque. Se trata de Alan Barroso, representado por el abogado Gregorio Dalbón, que en su presentación como querellante apuntó contra la «desidia de los funcionarios», las «obras abandonadas» y el freno de las licitaciones para el «mantenimiento» del servicio. Había pedido, sin éxito, la indagatoria de Caputo y Franco Mogetta, secretario de Transporte, como responsables de abandonar «obras fundamentales para la seguridad».
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