Esta vez no eran más de 20. Se les habían unido un grupo de estudiantes y militantes de las organizaciones sociales, y aún así los efectivos de la Federal los duplicaban en número. Sobre Rivadavia, a la altura del Congreso, los jubilados se amucharon, levantaron sus carteles y a pesar de la desventaja evidente intentaron avanzar unos pasos hacia la calle. Fue una nueva demostración de rebeldía contra el protocolo diseñado para obligarlos a protestar desde un rincón, detrás del corralito de azules. La respuesta de la Policía fue tirar con gas pimienta directamente a la cara, pegar bastonazos debajo de la cintura y cazar al voleo a los manifestantes. El saldo fueron al menos cinco personas heridas y dos detenidas, como para no perder la cotumbre de cada miércoles.

“El policía me miró directo a los ojos y tiró. Me dejó 40 minutos ciego, no veía nada, no sabía ni dónde estaba. Y como grité, fue peor: me tiraron también en la garganta. Es un dolor insoportable, un ardor terrible, que empeora cada vez que pestañás o tosés”, relató a Página/12 Cristian, uno de los jubilados gaseados.

Nicolás Caropresi, de la rama de vendedores ambulantes de la UTEP, fue otro de los heridos. Él vio como uno de los efectivos avanzó sobre los jubilados con la intención de capturarlos y llevarlos presos. “En medio del tumulto, un jubilado quedó atrapado entre los escudos. Me metí para evitar que se lo lleven. Manoteaban al primero que encontraban. En ese momento, cuando quedé de frente a un policía, a menos de 50 centímetros, me vació la lata de gas en la cara”, contó.

En medio de ese tumulto, un manifestante quedó inmovilizado luego fue detenido. Se lo llevaron efectivos de la Policía Federal, que más tarde lo liberaron. También fue detenida una mujer.

La represión se produjo a pocos pasos de la vereda: los manifestantes ni siquiera habían logrado cortar un carril. “Están tan cebados que no quieren ni que toques el cordón amarillo. Ya pegan por deporte”, dijo Caropresi.

El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), una ONG que trabaja a la par de la Defensoría del Pueblo, asistió a cinco heridos por los gases. Los que salen a la calle en la era Milei ya los reconocen por sus trajes naranjas. Esteban Chalá, su presidente, estima que este año, en las distintas represiones, ya asistieron a por lo menos unas 600 personas con heridas en la cara y en los ojos producto de esa arma disuasoria. “Según el protocolo, se tienen que tirar a 50 metros de distancia, pero lo hacen a dos centímetros de la gente. Este miércoles no fue la excepción”, le dijo a este diario.

Minutos más tarde comenzó la marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, con las consignas de siempre: aumento de la jubilación mínima, reapertura de la moratoria y el subsidio de los medicamentos de alto costo. Mientras desconcentraban, las columnas fueron escoltadas por Policía de la Ciudad y también por Gendarmería. Algunos gendarmes aprovecharon la filita india de manifestantes para pegarles con los palos en los tobillos.

Caja de resonancia

A fuerza de persistencia, los jubilados convirtieron a la movilización de cada miércoles frente al Congreso en una caja de resonancia de una amplia gama de protestas sociales. Esta semana se les unieron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTEP), la UTEP y, más temprano, las organizaciones que nuclean a los prestadores de salud, transporte y educación de las personas con discapacidad.

Las trabajadoras de la UTT se concentraron sobre la Plaza de los dos Congresos. Allí repartieron verduras, sobre todo a los jubilados. “Todo sube, menos lo que ganamos. Y eso que trabajamos de sol a sol”, se quejó Julia, que tiene una quinta en Zárate y produce lechuga, morrón y acelga libre de químicos, algo que la enorgullece. “El aquiler del terreno sigue subiendo y no tenemos ayuda del Estado para sostenerlos”, contó.

La UTT llegó con varios camiones llenos de verdura, pero no alcanzó para todos. Flavia, una jubilada de Balvanera, se había acercado con dos bolsas, pero ya era tarde. Pese a todo, no perdía el humor. “Vengo cobrando más de la policía que de la jubilación”, se rió.

Los organismos que agrupan a personas con discapacidad llegaron a las inmediaciones del Congreso algunas horas antes. La intención era apoyar el proyecto de ley que declara la emergencia en el área, pero con la muerte de Francisco el debate en comisión se postergó para la semana que viene. En ese marco, aprovecharon para denunciar los múltiples recortes en el sector por parte de la administración de Javier Milei.

“Esta iniciativa surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual gobierno”, sostuvieron desde las organizaciones que convocaron a la movilización.

Asimismo, Karina Castagnola, de Hablemos de Autismo Quilmes, sostuvo que este proyecto “propone el financiamiento adecuado y sostenido” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de los programas “que han sufrido un fuerte ajuste en todas las áreas: salud, accesibilidad, empleo y protección social”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes cercanas al organismo público señalaron que la ANDIS “debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad”, sin embargo, “no se hace porque no se quiere hacer”.