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INFOnews
El pliego propuesto por el Ejecutivo con la designación de Alejandra Gils Carbó como futura procuradora general obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos y será debatido en el recinto el miércoles 15.
La designación de Gils Carbó para cubrir el cargo que dejó vacante Esteban Righi deberá obtener el apoyo de los dos tercios de los presentes en el recinto para ser confirmada al frente de la Procuración General de la Nación.
Más temprano, durante su exposición ante la comisión de Acuerdos del Senado,Gils Carbó rechazó las críticas que recibió su postulación por el hecho de no ser especialista en derecho penal y reafirmó que su función será “defender los intereses de la sociedad”.
Gils Carbó recordó que la mitad de los procuradores designados en las últimas décadas no fueron especialistas en derecho penal, y señaló que hace 18 años que integra el ministerio público al que definió como su “propia casa”.
El diploma de la que será la jefa de los fiscales federales recibió en la sesión de este martes de la comisión el apoyo del bloque del Frente para la Victoria y de algunos opositores, como el representante del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez.
Mientras tanto, el bloque radical anunció que adoptará una determinación sobre el pliego al cierre de la reunión que esa bancada tiene previsto llevar a cabo esta tarde.
En su exposición, la fiscal defendió, además, su actuación en una causa sobre la remoción de directores estatales de la firma Papel Prensa en la que se le reprocharon dilaciones para dictaminar.
“No había motivo de urgencia”, sostuvo la funcionaria, y aseguró que el plazo de diez días que le impuso en 2011 la Cámara Comercial para dictaminar estaba “dirigido a obstruir el accionar de la fiscalía” que debía “constatar qué estaban haciendo los directores estatales”.
Al responder preguntas del senador radical Gerardo Morales, Gils Carbó también se pronunció sobre las salidas transitorias de presos y declaró en ese sentido “no se trataba de condenados” sino que eran reclusos que “estaban en el área de ejecución penal”.
Sobre el caso de Eduardo Vázquez, el baterista de “Callejeros” incluido dentro de los presos con salidas transitorias, Gils Carbó aceptó que “el gran error fue la oportunidad” en el caso de este detenido ya que se trataba de “un condenado sin sentencia firme”.
“No es bueno generar en la ciudadanía un descrecimiento tan grande al ver a esta persona condenada y a los 20 días liberada por razones que habría que examinar sin son las prioritarias”, agregó.
Gils Carbó se refirió también a los juicios en el sistema previsional al destacar que “es necesario poner fin a esta catarata sucesiva de reclamos que lleva a una insatisfacción”, admitió que “hay miles de legítimos reclamos” y sostuvo que “si hay un compromiso del Estado” en ese sentido “debe cumplirse”.
“A veces la defensa del Estado no es buena porque no alcanza a satisfacer todos los reclamos”, señaló, y consideró que “sería bueno que el Ministerio Público pudiera tener una base de datos de todos los reclamos” ya que “no alcanza un solo fiscal para tantos juicios”.
La candidata a Procuradora calificó de “positiva” la gestión de su antecesor en el cargo, el renunciante Esteban Righi, pero consideró que “hay alguna asignatura pendiente” en cuanto a “redefinir las unidades fiscales que fueron creándose a partir de distintas coyunturas”.
“En vez de políticas de emergencia de coyuntura debe haber una política de Ministerio Público para que sea el propio Ministerio Público el que defina sus prioridades”, definió la funcionaria.
A su vez, aseguró que su experiencia jurídica “no se reduce al derecho comercial” y recordó su vasta trayectoria en el Ministerio Público Fiscal. “Además de ser la primera mujer, soy la primera integrante del Ministerio Público presentada para el cargo. Recibí el apoyo de la Asociación de Fiscales, que siempre solicitaron que el Procurador perteneciera al Ministerio, al que considero mi casa”, sostuvo, y agregó que es, además, “el vocero del interés público de la comunidad en todos los procesos”.
Gils Carbó se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1981 e ingresó a la función pública en 1987, especializándose en derecho comercial y quiebras.
Además de trabajar como profesora y de tener publicados varios libros, la candidata impulsada por el Poder Ejecutivo posee una maestría de Economía Política en la FLACSO.
Desde 2004, se desempeña como fiscal general de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde debió actuar en casos como la fusión entre Cablevisión y Multicanal.
