Constituye un lugar común a esta altura, sobre todo a partir de las investigaciones de los delitos de lesa humanidad, hablar del carácter “cívico” de la última dictadura militar, particularmente a partir del apoyo brindado por lo más encumbrado del empresariado nacional, y que hoy incluye a algunos de sus principales cuadros procesados por la justicia. En ese escenario, sabido es que la Sociedad Rural Argentino respaldó explícitamente el proyecto político de la dictadura. Mucho menos conocido es que su actual presidente, Hugo Luis Biolcati, le puso cuerpo a ese apoyo.
Según una investigación exclusiva de Tiempo Argentino, el dirigente fue nombrado como “delegado normalizador” –un eufemismo con que la dictadura designaba a los interventores en los distintos organismos– al frente de la obra social de los trabajadores de la industria textil, un gremio que, según manifiesta su actual secretario general Jorge Lobais, sufrió en carne propia el terrorismo de Estado.
Así consta en la resolución 889 emitida por el Ministerio de Acción Social de la Nación con fecha 26 de octubre de 1982, y que lleva la firma del entonces titular de esa cartera, el empresario yerbatero Adolfo Navajas Artaza, quien formaba parte del Gabinete del último presidente de facto de nuestra historia reciente, Reynaldo Bignone, hoy condenado por el robo sistemático de bebés durante la dictadura.
