El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, sostuvo hoy que se han “advertido en las últimas 48 horas extrañas resoluciones de la Cámara Civil y Comercial” en las que “se autoexcluye de responsabilidad a camaristas que han sido denunciados penalmente por el poder Ejecutivo”.
El ministro de Justicia, Julio Alak.
“Estos camaristas han participado de un viaje al exterior invitados por una organización integrada por importantes directivos del Grupo Clarín”, señaló Alak, en relación con la organización Certal, que pagó el pasaje y la estadía en un hotel 5 estrellas del juez Francisco de las Carreras, integrante de la mencionada Cámara, cuya recusación presentada por el Ejecutivo fue rechazada ayer por las otras dos juezas de la misma, Graciela Medina y María Susana Najurieta.
En ese sentido, el ministro afirmó: “El estado tuvo que sufrir una denegación de Justicia. Los integrantes de la Cámara Civil y Comercial no tuvieron en cuenta las pruebas del Estado ni le pidieron informes al juez penal para tomar esa decisión”. “Las juezas consideraron que el hecho de haber sido invitado por una entidad constituída por directivos de un grupo economico que denunció al Estado por la aplicación de una ley no era causal de recusación”, agregó.
Alak denunció también que, antes de rechazar la recusación de De las Carreras, la Cámara (con el juez Daniel Antelo en su lugar, que después se apartó) había rechazado la recusación de Medina, “cuyo esposo ha sido abogado del Grupo Clarín en diversas causas”.
Esta mañana, el gobierno pidió la revocación del fallo de Medina y Najurieta, por considerar que “se están violando las garantías constitucionales de independenca e imparcialidad de los jueces”. “La recusación no es solo una facultad, es una resposabilidad de los funcionarios que defendemos al Estado en juicio”, precisó Alak, que además acusó al Grupo Clarín de ser el “responsable de la dilación en la aplicación de la ley”.
Para el funcionario, que se extienda la cautelar “sería un alzamiento sobre el claro pronunciamiento de la Corte y sería una gravisima situación institucional. También sería una burla a la voluntad popular que ha decidido respetar el Estado de derecho y la ley”.
