El multimillonario Larry Fink, CEO estadounidense del mayor fondo de inversión del mundo, Black Rock, se presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para defender la postura argentina en su batalla legal contra los fondos buitre.
Fink, de 60 años de edad y que mueve 3,6 billones de dólares al año, se presentó, al igual que Estados Unidos el pasado 28 de diciembre, en defensa de la posición argentina, para evitar un default técnico, si llega a prosperar en la Cámara de Apelaciones el fallo del juez Thomas Griesa, que será revisado por dicha Corte.
Larry Fink
De esta forma, se sumó a la lista de poderosos enemigos de Paul Singer, el multimillonario dueño de Elliott, que a su vez es propietario de NML, el fondo buitre que litiga contra el país y pide por el 100% de sus tenencias en default.
Según la revista Forbes, que lo ubica como la 42da. persona más poderosa del mundo, “Fink es a menudo la primera llamada de teléfono que realizan los gobiernos o las empresas en dificultades”, asegura, y agrega que tiene clientes como Alemania, Grecia y AIG (la mayor aseguradora del mundo).
Fink maneja los ahorros de la jubilación de millones de trabajadores, “siendo el 60% del total de BlackRock activos a largo plazo bajo la dirección son los inversores institucionales, incluidos fondos de pensión”.
Fink se suma a otros fondos titanes de riesgo, como Gramercy y Fintech, que junto con otros como Brevan Howard y Alliance Bernstein, reúnen acreencias de bonos del canje de la Argentina, por más de 3.000 millones de dólares.
La semana pasada, el fiscal de Estados Unidos presentó a la Corte la posición de su Gobierno sobre al asunto, donde planteó como “una cuestión de importancia excepcional” para el gobierno de Estados Unidos, que la Corte efectúe una revisión total de dicho fallo del 26 de octubre con el Tribunal pleno, y en particular de la interpretación “novedosa” de que Argentina violó la cláusula de tratamiento igualitario a los acreedores.
El argumento de EE.UU. se basa en dos puntos centrales, que fueron explicados en detalle: que “la interpretación del pari passu es incorrecta y adversa a los Estados Unidos”; y que “la injunction (la condena de Griesa a la Argentina a pagarle a los demandantes con fondos de los que ingresaron al canje de deuda) contraviene las leyes de Estados Unidos de inmunidad soberana, FSIA (por sus siglas en inglés), y podría dañar las relaciones exteriores de los Estados Unidos”.
La administración de Barack Obama considera que el fallo de la Corte del pasado 26 de octubre “aprobó una nueva interpretación a la estándar de la cláusula del pari passu que se encuentra en muchos instrumentos de deuda soberana, de una manera que va en contra de los esfuerzos estadounidenses de larga data para promover reestructuraciones de la deuda ordenada”.
Cuestionó que con dicha sentencia se “ratificó además una medida cautelar que restringe la disposición de los activos de los Estados soberanos que no están sujetos a la ejecución según la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés)”.
En tanto la Argentina, en su presentación pidió que se respete el principio de equidad, para no afectar a los bonistas que ingresaron al canje.
Si ello ocurre, estaría dispuesta a considerar el envió de la ley al Congreso para suspender la Ley cerrojo, lo que podría en igualdad de condiciones a los holdouts respecto de los acreedores que ingresaron al canje, en recibir un evnetual oferta igual o menor a la ya ofrecida al 93% que ingresó en las operaciones del 2005 y del 2010.
Según Adrián Cosentino, “lo que se ha planteado -a la Corte- no es un nuevo canje sino el procedimiento que debería seguir la
Argentina si la Cámara falla bajo el principio de equidad”, dijo, sobre un eventual desenlace del juicio.
