Como accionista mayoritario de la empresa AR-SAT, el Ministerio de Planificación comenzó acciones legales contra la provincia de Córdoba y “continuará instrumentando todas las medidas judiciales necesarias para revertir la injustificada y arbitraria clausura de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) por parte de la secretaría de Ambiente del Gobierno de dicha provincia”.
Según aseguró la cartera en un comunicado, la medida de cerrar las antenas de TDA “fue tomada en base a excusas burocráticas sin ningún fundamento técnico con el único propósito de censurar a las más de 20 señales públicas y privadas que allí se emiten de forma gratuita, como Encuentro, Pakapaka, TATETI, INCAA TV, TV Pública, TEC, DeporTV, Vivra, Suri TV, Arpeggio, CN23, C5N, Telesur, 360, Construir, CBA24 y Canal 10, entre otras”.
Planificación señaló que “todos los permisos ambientales fueron solicitados en tiempo y forma, de la misma manera que se hizo en las 63 localidades donde funciona la Televisión Digital, sin que a la fecha se haya registrado ningún reclamo, lo que demuestra la animosidad de la medida, ya que además esta misma tecnología fue aprobada y se utiliza no sólo en otras 20 provincias argentinas sino también en otros países como Japón o Brasil”.
“Asimismo, los niveles de emisión de las antenas de televisión digital son 10 veces menores a las de la radio FM y 50 veces menores que las de la televisión analógica”, detalló la cartera.
Por último, la cartera nacional indicó que “también, a diferencia de lo que ocurre con la televisión analógica, en la que se instala una antena lo más potente posible para cubrir mayor espacio, al planificar el despliegue de la televisión digital se resolvió poner antenas más pequeñas para reducir el impacto ambiental”.
El Ministerio de Planificación señaló que “se continuarán los reclamos, tanto por la vía administrativa como judicial, para que las autoridades provinciales reviertan esta arbitraria clausura así como también se demandará por daños a la empresa EPEC por el incumplimiento del contrato de cesión del predio en el que funcionaba la antena de Río Cuarto, el cual fue rescindido unilateralmente, y se reclamará un resarcimiento de 20 millones de pesos por las inversiones realizadas”.
