En cualquier sector de la economía, la conducta compulsiva de evadir el cumplimiento de las decisiones judiciales tiene una raíz vinculada al dinero y a mantener niveles de renta elevados. Y esto es lo que sucedió y sucede con la pretensión de Cablevisión de “gambetear”, vía negación de los fallos, la implementación de la tarifa oficial del servicio de TV paga establecido por la Secretaría de Comercio Interior. En pocas palabras, evadiendo la norma y facturando a sus clientes más de lo permitido, Cablevisión gana dinero, mucho dinero. Concretamente, en los últimos tres años la firma percibió $ 7400 millones extra por especular con tarifas.
El esquema de renta extraordinaria por sobrefacturación es sencillo, porque se nutre del cobro directo de un abono mensual caro: la cablera de Clarín tiene, según sus propios registros y balances, algo más de 3,5 millones de clientes en todo el país. En lo que va del año, en lugar de cobrar los $ 130 exigidos por resolución facturó hasta $ 205 mensuales, es decir, $ 75 más de lo debido por abonado. Así, terminaría el 2013 (siempre y cuando no vuelva a subir la tarifa) obteniendo $ 3200 millones extra por no respetar la tarifa oficial.
Es difícil encontrar estos montos de dinero ganados con tanta facilidad en la economía nacional para lograr mensurar el fenómeno. Por ejemplo, los $ 3200 millones obtenidos vía estafa a sus usuarios por Cablevisión, equivalen a casi la totalidad del último préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorgó a la Argentina (U$S 700 millones) y que fue destinado a obras de infraestructura e innovación. Y aunque cueste creerlo, la cifra que gana extra esa firma se equipara a los $ 3000 millones que el gobierno nacional destinó para obras básicas en los municipios de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.
