Semana clave para el proyecto de democratización de la justicia

Mientras desde algunos sectores relacionados con la oposición política y con la CGT de Hugo Moyano buscan bombardear el tratamiento de los proyectos de reforma de la Justicia que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, con el respaldo de otras bancadas, buscará convertir en ley este próximo miércoles en la Cámara Baja los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de cautelares, cuyo debate quiere ser trabado por sectores opositores que llamaron a una marcha para impedir la aprobación de estas iniciativas.

En este contexto, los diputados de la bancada kirchnerista, que conduce Agustín Rossi, junto a las bancadas que vienen acompañando al gobierno nacional, buscarán aprobar estas iniciativas que generan el rechazo de un sector vasto de la oposición, ONGs vinculadas al Poder Judicial y de las organizaciones Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Si bien los diputados analizarán tres proyectos, las que prometen concentrar el debate es la que regula las medidas cautelares contra el Estado o sus organismos descentralizados, y la que prevé la ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura y su elección mediante el voto popular.

De todos modos, el proyecto que regula las medidas cautelares llega a la Cámara de Diputados con las modificaciones incluidas el jueves en el recinto por el Senado a propuestas del secretario de Justicia Julián Alvarez, que contempló pedidos planteados por ONGs como el CELS, la ACIJ, la ADC y la Asociación de Abogados Laboralistas para resguardar los derechos de los ciudadanos y, en particular, de los sectores más desprotegidos.

La sesión especial solicitada por el oficialismo se realizará en medio de la convocatoria a una marcha para rodear al Congreso lanzada por redes sociales y promovida por la diputada del PRO Laura Alonso, ex titular de Poder Ciudadano, la ex ministra de la Alianza, Patricia Bullrich, y la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien llamo a “impedir” que se voten los proyectos.

En este sentido, el presidente del bloque oficialista Agustín Rossi, repudió las declaraciones de Carrió y dijo que “impedir que el Congreso sesione es en realidad una afrenta contra la voluntad popular expresada en las elecciones que eligieron a los actuales representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.

El legislador oficialista se preguntó además “qué propone hacer Carrió para que el Congreso no funcione ¿Agredir a los diputados?, ¿Impedir que ingresen a la Cámara?, ¿Secuestrarlos?, ¿Tratar de corromperlos?”.

Además del llamado de las diputadas opositoras, se sumó también otra lanzada por asociaciones como Poder Ciudadano y Cippec, que difundieron un flyer digital en la web con la cara de una docena de diputados que, sin pertenecer al bloque oficialista, podrían votar en favor de la reforma judicial y la consigna “Pediles que no voten”.

A esa campaña también adhieren la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Directorio Legislativo, organizaciones dedicadas a temas del Poder Judicial.

La mirada fue dirigida a diputados provinciales o de monobloques que han respaldado en muchas ocasiones al oficialismo, como los neuquinos, Alicia Comelli y José Brillo, los salteños Alberto Olmedo y Walter Wayar y la renovadora salteña Cristina Fiore Viñuela (aliada al gobierno de Juan Manuel Urtubey), el bonaerense Julio Ledesma, el fueguino Jorge Garramuño, el santafecino, Juan Carlos Forconi y la catamarqueña Mariana Veaute.

También la nota está dirigida al cordobés Francisco Fortuna y los moyanistas Facundo Moyano y Omar Plaini, quienes apoyaron dos proyectos de la reforma judicial, pero ya adelantaron que no votarán a favor de los proyectos referidos a las modificaciones del Consejo de la Magistratura ni de la regulación de cautelares.

Asimismo, la convocatoria al plenario de comisiones previsto para el martes será solo una muestra del arduo debate que se avecina para el miércoles y el jueves. Casi cien legisladores participarán de la reuniones de los tres cuerpos asesores que deben emitir los tres despachos que habilitan su tratamiento en el recinto de sesiones.

Allí, el martes a partir de las 11, en una de las salas más amplia del edificio Anexo del Congreso con capacidad para más de 150 legisladores, se realizará un plenario de comisiones que contará con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, y del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y al que convocarán a más de una decena de invitados sugeridos por la oposición para que expongan sus puntos de vista sobre las iniciativas.

Fuentes legislativas señalaron que, entre los invitados, se contarán Máximo Fonrouge, del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires; Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Luis María Cabral, de la Asociación de Magistrados; y Ricardo De Felipe, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

También serán convocados el director ejecutivo de la ONG CIPPEC, Fernando Straface; el titular de la ACIJ, Ezequiel Nino; José Miguel Onaindia, de la ADC; el constitucionalista Roberto Gargarella; el jurista Alberto García Lema; Carlos Balbín, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires; el fiscal Ricardo Sáenz; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; y el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato.