Por Doris Elisa Bustamante
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó ayer por espionaje al ex titular de la Secretaría de Inteligencia y ex funcionario menemista Juan Bautista “Tata” Yofre; a los periodistas Carlos Pagni, de La Nación, y Roberto García, de Perfil, y a otras cinco personas, quienes habrían hackeado correos electrónicos de funcionarios del Gobierno nacional para luego divulgar y comercializar la información.
Como un “microemprendimiento criminal” calificó el fiscal Federal Sebastián Basso, de San Isidro, el pasado viernes al pedir el procesamiento que se concretó ayer, a la “obtención y comercialización de información obtenida de correos electrónicos oficiales y privados de funcionarios públicos” mediante las técnicas de hacking y pishing por parte de una “asociación ilícita” encabezada por Yofre. Entre los principales damnificados se encontraban la presidenta Cristina Fernández desde que ejercía como senadora de la Nación; el gobernador Daniel Scioli desde que era vicepresidente; Alberto Fernández cuando era jefe de Gabinete; la entonces ministra de Defensa Nilda Garré; el ex canciller Jorge Taiana; el entonces cónsul en Nueva York Héctor Timerman; el embajador de la época ante la ONU Jorge Argüello, y otros ocho funcionarios de primer nivel entre el 2006 y el 2008, principalmente.
De acuerdo con el fallo de 354 páginas de la magistrada, Yofre ordenaba “por iniciativa propia y también a pedido de sus clientes” la interceptación de los correos de los funcionarios para obtener “información política, económica, social y militar” para su propio interés y para ser distribuida a sus diferentes clientes, “los cuales en su mayoría eran periodistas o tenían vinculación con medios de comunicación”.
De la asociación participaban como brazos ejecutores los ex agentes de la SIDE Iván Germán Velázquez, Pablo Alfredo Carpintero y Héctor Roberto Guillermo Alderete. En el fallo se excluyó del procesamiento a Velázquez dado que actualmente se encuentra prófugo. Todos ellos están acusados de haber “procurado, buscado, obtenido y revelado noticias e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer secretas en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación”. De esta “empresa o asociación ilícita, que habría operado cuanto menos desde agosto del 2006 y hasta junio del 2008”, a Yofre se le imputa ser la cabeza de la organización, “en calidad de jefe”.
Por otra parte, la jueza también dio por probado que como beneficiarios de esta asociación ilegal estuvieron los periodistas Carlos Orlando Pagni, mientras trabajaba en el diario Ámbito Financiero y luego en La Nación; Edgar Mainhard, del portal Urgente 24; Roberto García, del diario Perfil; el empresario santiagueño Néstor Ick y el general retirado y también empresario Daniel Reimundes.
En el fallo, Arroyo Salgado considera que aunque ellos no participaban del hacking o pishing para capturar las contraseñas y luego los mails que los damnificados enviaban y recibían, sí se beneficiaban de estos “efectos [mails] obtenidos por Yofre y el resto de los imputados, a sabiendas del origen espurio de los mismos”. Ello se desprende, afirma la jueza, porque no sólo recibían informes y análisis con los contenidos de los correos, sino que “directamente adquirían los correos, con indicación del remitente y destinatario, por lo que les constaba en forma directa la total amenidad de los mismos”. A ellos la magistrada los procesó por los delitos de “obtención de secretos por revelación y encubrimiento agravado” y a todos les embargó bienes: por $500.000 a Yofre, $300.000 a Carpintero y Alderete y por $200.000 pesos al resto de los imputados.
Los principales imputados
El periodista Carlos Pagni de La Nación fue imputado por “obtención de secreto por revelación y encubrimiento agravado”. Juan Bautista Yofre sería el jefe de un ‘microemprendimiento ilegal’ para la obtención de información sensible al interés nacional. Abajo, dos de sus clientes, los periodistas Roberto García del diario Perfil y Edgar Mainhard de Urgente 24, también imputados.
Hacking y pishing
La jueza Arroyo Salgado determinó que el espionaje se había concretado mediante técnicas informáticas conocidas como “hacking y pishing”. El hacking es un término general que implica que los imputados accedieron a las direcciones del correo de las víctimas y las utilizaban paralelamente para entrar y extraer la información. Las direcciones quedaban grabadas en los servidores que se utilizaban. El pishing es más específico: se refiere a un metodo engañoso en el que mediante falsos mensajes se pide información sensible o personal al titular de un correo o cuenta para robar su identidad.
