A mediados del año 2008, y después de haber realizado una serie de estafas con dinero a sus propios clientes, Hernán Arbizu, el ex banquero arrepentido del JP Morgan, se instaló en la Argentina y, acechado por sus propias conductas, se autoincriminó ante la justicia nacional por haber fugado y lavado dinero de 469 grandes empresas y personas físicas de la Argentina. Presentó nombres, números de cuenta y montos en dinero de grandes corporaciones como el Grupo Clarín y sus directores, los dueños de Edenor, Ledesma, el Grupo Constantini y Bunge.
Hoy, casi cinco años después y a pesar de la existencia de un material testimonial único para un caso de lavado en todo el mundo, la justicia no ha tenido casi ningún avance concreto en la investigación, excepto el pedido reciente de información del juez federal Sergio Torres –quien lleva adelante la causa– a organismos tributarios a nivel local y sus pares en Suiza y otros paraísos fiscales. El planteo de Torres a las autoridades suizas se dio luego de reiterados pedidos de información a funcionarios estadounidenses que, casualmente, nunca fueron respondidos.
Pero las cosas, ciertamente, pocas veces ocurren por azar. Un documento al que tuvo acceso Tiempo Argentino, y que es parte del expediente de la causa, muestra que un año después de la autodenuncia de Arbizu, Estados Unidos presionó fuerte y en forma directa al magistrado Torres para tener acceso a información del caso, evadiendo todos los protocolos y acuerdos internacionales de cooperación entre Washington y la Argentina, y yendo directamente a operar sobre el juez.
