El comunicado se propone aclarar la información publicada por diferentes medios periodísticos, y precisa que “las irregularidades consisten en la presunta existencia de sobreprecios en refacciones de la residencia oficial del embajador de nuestro país en México durante dicho período, que no fueron autorizadas por la Cancillería”.
Las irregularidades también incluyen la “utilización de facturas presuntamente apócrifas para rendir gastos, gastos no autorizados y sin partidas, y utilización de los fondos destinados para el pago de las obligaciones de la previsión social y de alquileres para financiar tales gastos”.
Por estas irregularidades, la SIGEN ha determinado “un presunto perjuicio fiscal por $ 4.296.167,43 con más un interés del 6% anual computado desde las fechas de origen”, afirma la Cancillería.
La Cancillería señala que los hechos denunciados se encuadrarían penalmente como malversación de fondos públicos (artículo 260 y siguientes del Código Penal) y fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inc. 5º del Código Penal). La causa quedó radicada en la Secretaría N° 22 del Juzgado Federal N° 11 bajo el número 5967/2013 a cargo del Dr. Bonadío.
