Tiempo Argentino 
La justicia admitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en una nueva causa donde se investigan presuntos delitos de evasión y lavado de activos a través del banco estadounidense JP Morgan Chase. La decisión fue adoptada el pasado 26 de junio por el titular del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 7, Sebastián Casanello, quien también aceptó el pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para formar parte de la querella.
La causa, caratulada como “Autopistas del Sol SA sobre averiguación de delito” se originó a partir de las “instrucciones de transferencia” que Tiempo Argentino publicó durante el mes de mayo, y que dan cuenta de un pormenorizado registro de transacciones financieras realizadas por una serie de individuos y empresas –algunas de ellas multinacionales– a través de cuentas offshore entre los años 2006 y 2008. En cada una de esas instrucciones constan los nombres de los implicados, así como números de cuentas, montos y sedes de los bancos intervinientes, todo ello con un denominador común: la participación del banco estadounidense JP Morgan Chase.
Uno de los casos remite a la empresa Autopistas del Sol, firma que explota la concesión del acceso norte de la Ciudad de Buenos Aires, que el 6 de marzo de 2006 transfirió casi 129.226,22 dólares desde una cuenta en el ING Trust en las Antillas Holandesas –reconocido paraíso fiscal bajo jurisdicción de los Países Bajos– al JP Morgan en Nueva York para el pago de intereses financieros. Cabe recordar que el paquete accionario de Autopistas del Sol está conformado por la española Abertis (31,59%), la constructora italiana Impregilo (19,82%), la empresa Sideco del Grupo Macri (7%), y las españolas Dycasa (5,83%) y el Grupo ACS (5,72), más un 30% del capital conformado por la oferta pública de acciones en la Bolsa de Comercio. Entre los protagonistas de las transferencias también figura el empresario del chocolate Ricardo Fort, quien participa de una transferencia por U$S 512 mil al JP Morgan Chase de Nueva York el 7 de julio de 2008, y el ex embajador argentino ante la ONU bajo el menemismo Emilio Cárdenas, con una transferencia de U$S 24.710 del 6 de marzo de 2007.
Se espera que la incorporación a la querella por parte de la UIF –principal organismo encargado de combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo– le dé impulso a la causa, ya que, entre otros aspectos, podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes.
“Todas estas maniobras muestran con claridad a todos los directivos del JP Morgan de la Argentina y del exterior como incursos en una co-autoría para cometer el delito de lavado de activos con el agravante de la habitualidad y en banda, pues claramente estamos ante una operación realizada por el crimen organizado donde cada eslabón de la larga cadena realiza una función específica tendiente a cumplir con un tramo del tipo penal”, señaló la UIF en la presentación ante Casanello.
Entre otras medidas, el organismo solicitó que se tenga por imputados a todos los directivos “que intervinieron en las maniobras delictivas”, así como que informe “qué empleados se desempeñaban en la oficina de Banca Privada y cuáles eran sus funciones específicas” entre enero de 2006 y la actualidad. También solicitó embargos preventivos y decomiso sobre los bienes de los implicados, medidas cautelares sobre las cuales el magistrado no se expidió aún.
Tras la publicación de ese material periodístico, el fiscal Guillermo Marijuan realizó el mes pasado una ampliación del requerimiento de instrucción ante el juez Sergio Torres, para que el magistrado incluya estas maniobras en la investigación que desarrolla –con muy poco éxito hasta el momento– desde 2008, cuando el ex ejecutivo del JP Morgan se autodenunció y brindó información sobre la responsabilidad del banco en el armado de una ingeniería financiera dispuesta para fugar y administrar en el exterior activos de 469 personas físicas y jurídicas, entre ellas, los principales directivos del Grupo Clarín.
Tras recibir el pedido de Marijuan, Torres entendió que se trataba de hechos diferentes y mandó las nuevas actuaciones a sorteo, las que recayeron en el juzgado a cargo de Casanello, quien como primera medida dirigió una serie de oficios a distintos organismos locales (ANSES, Banco Central, AFIP) para corroborar la existencia de las transacciones y la conformación accionaria de todas las compañías implicadas.
