Tras cuatro años de demora, que beneficiaron a Clarín, el principal multimedios del país, el tratamiento judicial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ingresó en su etapa final. El 2 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le envió el expediente del caso a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien deberá emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de la norma. Se trata de un paso previo (e indispensable) al fallo definitivo del Alto Tribunal. Según informaron fuentes de la Procuración, la jefa de los fiscales está trabajando para concluir su resolución antes del 15 de julio, cuando comienza la feria judicial. Se especula con que podría estar la semana próxima.
El expediente llegó a la Procuración el 3 de julio por la mañana. Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, Gils Carbó preparará un “dictamen técnico, muy trabajado” lo antes posible. Ya que el deseo es “no demorar más la causa”. La jefa de los fiscales –y luego la Corte, claro– deberá expedirse sobre el fallo que la Cámara en lo Civil y Comercial emitiera el 17 de abril pasado, a la medida del Grupo Clarín. Entonces, los camaristas Francisco de las Carreras, María Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni revocaron la decisión del juez de primera instancia Horacio Alfonso, quien había declarado la constitucionalidad de la ley 26.522.
En una decisión controvertida, la Cámara había cuestionado parte del artículo 48 –referente a los derechos adquiridos– y parte del artículo 45 de la Ley de Medios, que limita la concentración de licencias. Así, levantó un dique contra la desmonopolización que plantea la norma. Para los jueces, en el artículo 45 “no sólo se encuentra comprometido el derecho de propiedad sino el derecho a la libertad de expresión e información en su doble faceta (…)”. “El vicio es el exceso en la regulación restrictiva que cambia las reglas del juego retroactivamente, provocando con ello un perjuicio que no puede compensarse con resarcimiento, puesto que es daño a la libertad de expresión”, escribieron. El fallo fue apelado por todas las partes: el Estado nacional, la AFSCA y también el grupo mediático comandado por Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.
