Con un ojo puesto en lo que sucedía en las provincias, donde ayer se vivió una jornada de mayor tranquilidad –la expectativa es que los últimos focos de rebelión policial, en Salta y La Pampa, se vayan descomprimiendo antes del fin de semana–, el Ejecutivo está evaluando producir algunos cambios en la estructura salarial de las fuerzas de seguridad federales.
La decisión, que está bajo estudio de varias áreas del gobierno, es encontrar un mecanismo que permita conceder un incremento en los sueldos de los efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La alternativa, para ser factible, debe lidiar con una compleja ingeniería administrativa que contemple los suplementos, los adicionales y los componentes no remunerativos del salario de los uniformados. Mientras el Ejecutivo analiza de qué manera concretar ese incremento, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sigue promoviendo la actuación de los fiscales de todas las provincias afectadas por acuartelamientos y saqueos.
Como representantes del ministerio público, son los fiscales quienes deben impulsar las denuncias al tomar conocimiento de delitos de acción pública. Ayer, tras reunirse con los fiscales generales de Rosario (Adolfo Villate), Resistencia (Federico Carniel), Paraná (José Candioti Puyol) y San Isidro (Rodolfo Domínguez), Gils Carbó acordó dividir el mapa del territorio nacional por regiones e impulsar, en cada caso, medidas de prueba que permitan avanzar en la investigación.
La sospecha generalizada, compartida en la reunión, es que los acuartelamientos policiales tuvieron grados de coordinación con los saqueos a hipermercados y comercios que se fueron sucediendo en Concordia, Resistencia y Roque Sáenz Peña, San Miguel de Tucumán y otras ciudades. Un primer ejemplo de esa hipótesis pudo constatarse ayer en Concordia, donde se encontraron electrodomésticos que habrían sido robados en un domicilio habitado por un suboficial de la policía entrerriana.
El allanamiento, informado inicialmente por el diario Río Uruguay, un medio local de Entre Ríos, se realizó en la vivienda de la madre del efectivo, sobre la calle Guarumba al 300. Según ese medio, fueron encontrados dos lavarropas, una aspiradora, una hidrolavadora, un motor de ventilador y otras herramientas y artículos de ferretería. El operativo fue ordenado por los fiscales Fabio Zabaletta y Germán Dri.
La presunta conexión entre las protestas policiales y los episodios de robos, que en muchos casos comenzaron con grupos en motos que individualizaban los comercios a saquear, está bajo la lupa de los cuatro fiscales generales que integran la comisión que investiga delitos contra la democracia. El fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata, Daniel Adler, llegó a imputar a los policías que abandonaron el servicio para acuartelarse en reclamo de mejoras salariales como partícipes necesarios de la figura penal de robo en poblado y en banda (artículo 167, inciso 2º del Código Penal). Adler, sin embargo, en su imputación más fuerte contra los uniformados bonaerenses que se sublevaron, los acusó de haber incurrido en una combinación de asociación ilícita agravada (artículos 210 y 210 bis del Código Penal) y sedición en concurso real (artículo 229).
Ayer, en sintonía con la acusación de los fiscales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había exhortado a que la justicia debía “identificar a los autores intelectuales” de los robos. “Una acción deliberada de esta naturaleza no puede ser pergeñada de un modo aislado. Nos parece, por el modus operandi, que se trata de una estrategia con una finalidad determinada, que merece una investigación exhaustiva por parte del Poder Judicial”, argumentó.
El avance de la negociación con los policías en La Pampa y Salta alentó cierto optimismo por parte de La Rosada. La jornada había comenzado con la peor noticia: al mediodía se supo que en la noche del miércoles había fallecido Jesús Villalba, un joven tucumano de 20 años, herido de bala en las inmediaciones del supermercado Chango Más, de Banda de Río Salí, al este de la capital provincial.
