María Julia Alsogaray, la ex funcionaria polirrubro del gobierno de Carlos Menem, se declaró “inocente” de los cargos de corrupción derivados de la privatización de la ex telefónica estatal Entel por los que está siendo sometida a juicio oral y público.
En la recta final de un nuevo juicio oral, ayer pronunció sus últimas palabras antes del veredicto, que se conocerá el 21 de abril próximo.
Serena, con la voz templada y un aplomo exento de soberbia, Alsogaray agradeció a los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino que la hubieran escuchado durante el proceso. “A lo largo de esta audiencia y este debate que me ha dado la oportunidad de revivir los hechos de hace tanto tiempo a través de las declaraciones de muchos testigos muy serios e interiorizados del tema, esa vivencia me permite volver a afirmar lo que he afirmado siempre: soy totalmente inocente del hecho que se me imputa”, señaló la ex funcionaria menemista.
Agregó: “Siempre traté de actuar con la seriedad, la diligencia y el máximo de mi capacidad para resolver los problemas que derivaban de los tema que me habían sido confiados”. Y si bien no pidió formalmente su absolución, ese reclamo se desprendió de sus conclusiones: “No ha habido daño para el Estado y mucho menos, de mi parte, intención de producir daño. Ni siquiera intención de no prestar atención por dejar de lado mis deberes como funcionaria a cargo de determinados temas.”
El tribunal le había concedido un máximo de15 minutos para las “últimas palabras”, un derecho del imputado en el procedimiento oral, una suerte de oportunidad final de convencer a los jueces de la postura que defiende. La ex interventora de Entel utilizó menos de cuatro y concluyó: “Con la convicción de que soy inocente, quedo a la espera de su decisión.”
Más locuaz, Gustavo Daneri, ex coordinador general de la telefónica estatal, utilizó todo su tiempo para explicar por qué no cometió –según su visión– delito alguno y cómo funcionaron los mecanismos de control que así lo certifican. En rigor, el caso gira en torno a un perjuicio de unos 300 mil dólares pagados a una consultora, KPMG, dos de cuyos ex directivos, Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn, afrontan también el proceso y pronunciarán sus últimas palabras la semana próxima.
La fiscal Sabrina Nammer pidió la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos para Alsogaray; tres años de prisión para Daneri y dos años de prisión para Flaun. Para Pyekenhayn, en tanto, la fiscalía reclamó la absolución.
TIEMPO ARGENTINO
