Si ya los dos paquetes de reformas, cuya legislación habían exigido los socios antes de iniciar formalmente las negociaciones, se aprobaron en el tiempo récord de una semana, el reto ahora es aún mayor, pues se trata de cerrar un acuerdo con una vigencia de tres años y un volumen de 86.000 millones de euros.
Las negociaciones comenzaron esta mañana a nivel de cuadros técnicos y en los próximos días continuarán a un nivel superior, con la llegada a Atenas de los jefes de las instituciones.
Una docena de técnicos de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) visitaron hoy la Secretaría General de Contabilidad y se espera que a lo largo de la jornada otro equipo inicie conversaciones en el Banco de Grecia.
En esta primera etapa se trata de recopilar datos sobre el estado de lasfinanzas publicas para hacer una nueva evaluación a la luz del impacto que tuvieron las restricciones bancarias impuestas hace un mes sobre la evolución financiera.
Los cálculos de la CE parten de la base de que el impacto negativo del corralito sobre la economía obligará a revisar drásticamente las previsiones para el crecimiento económico.
En lugar de las previsiones originales que partían de un incremento del PIB en este año del 0,5%, ahora se prevé una recesión de por lo menos un 4%.
A ello se añaden graves desvíos del plan presupuestario, que se traducen en que en el Estado ingresaron 2.300 millones de euros menos de lo previsto.
Se suman además pagos atrasados a proveedores de 4.000 millones de euros, obligaciones que se acumularon en los últimos meses a medida que aumentaba la asfixia financiera, informó la agencia de noticias EFE.
Todo esto puede conducir a que Grecia no pueda alcanzar el superávit primario de un 1% previsto para este año, salvo mediante la aplicación de medidas de ahorro adicionales, lo que solo podría evitarse si los socios aceptan abandonar esta meta.
En el Banco de Grecia, los equipos del nuevo cuarteto, bautizado ya como la “cuadriga”, harán un análisis de la situación de los bancos griegos tras cuatro semanas de restricciones bancarias.
Se trata de hacer una primera evaluación de las necesidades de capitalización, previa a las pruebas de resistencia que comenzarán en breve y que concluirán con un diagnóstico sobre cuánto será al final el capital necesario para garantizar la supervivencia del sistema bancario.
La eurozona reservó para la banca hasta 25.000 millones de euros de los 86.000 millones que podría abarcar el rescate.
El Gobierno de Tsipras quiere intentar cerrar un acuerdo antes del 20 de agosto, fecha en la que vencen nuevos pagos al BCE de 3.200 millones de euros, para los que no hay fondos disponibles.
Tsipras quiere evitar que haya que firmar un nuevo crédito puente para afrontar este pago, lo que sería necesario si no se alcanza un acuerdo definitivo, pues este préstamo iría nuevamente vinculado a medidas que deberían aprobarse en el Parlamento, donde actualmente el premier izquierdista solo puede legislar con apoyo de la oposición.
Según informaciones de la prensa local, para el 11 de agosto se reservó la posibilidad de convocar un Eurogrupo extraordinario, en el que o bien se daría ya luz verde al rescate o se hablaría sobre un nuevo crédito, calculado, a priori, en 5.000 millones de euros.
El primer ministro recalcó que su objetivo es sacar adelante el rescate sin dilación, para, a continuación, buscar una solución al cisma abierto en el seno de Syriza después de que el Gobierno abandonara los principios políticos que defendió al asumir el mandato.
Para que la firma sea posible, el Gobierno debe hacer una nueva serie de compromisos dolorosos, como la revisión de todas las leyes aprobadas “unilateralmente” en los últimos seis meses, continuar con la reforma de laspensiones, así como la eliminación de las rebajas en el gasóleo y en el impuesto sobre la renta que tienen los agricultores.
