Tras el SOMU, el gobierno dispuso la intervención del gremio de vigiladores privados y corrió a Angel García, su titular por más de 30 años. El Ministerio de Trabajo se hace cargo de la “regularización” y García quedará en la mira judicial.
El Gobierno intervino el sindicato de vigiladores privados y se convirtió en la segunda asociación sindical en esa situación desde la llegada de Mauricio Macri al poder. En un procedimiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, quedó desplazado el jefe del gremio, Ángel García, junto con los directivos de la conducción nacional y ahora las decisiones la tomará un delegado de la cartera que comanda Jorge Triaca.
Como interventor de la Unión del Personal de Seguridad (Upsra) quedó designado Rodolfo Alonso, según consignó Ambito Financiero, un dirigente radical alineado a Enrique “Coti” Nosiglia.
La intervención es el desenlace de una disputa histórica entre dos líneas internas del gremio, la encabezada por García -ladero histórico de Luis Barrionuevo a quien el gastronómico le soltó la mano- y la de un exaliado y ahora rival, Leónidas Riquelme.
La labor de Bonadio se limitó ayer a garantizar el ingreso de Alonso y de un escribano al edificio de Upsra en Tucumán 3689, en el barrio del Abasto. Así quedó iniciada formalmente una intervención que había dispuesto el ministro de Trabajo, hacía más de un mes bajo el argumento de la acefalía en la jefatura del sindicato, tras unas elecciones truncas por la imposibilidad de las dos listas de conformar una junta electoral.
Con la intervención se interrumpe un mandato de García que suma tres décadas y que en el último tiempo acumuló cuestionamientos internos y acusaciones de presuntos vínculos con barras bravas del club Berazategui, (que presidió el propio García), envueltos en 2014 en el asesinato de un hincha de esa institución, Diego Kity Villa.
Además García deberá enfrentar una pesquisa judicial que comenzó varios años atrás, cuando la agrupación opositora Juan Manuel de Rosas lo denunció por malversación de fondos, vaciamiento de la obra social y abandono de persona. La investigación se centra sobre los manejos de García con los recursos del sindicato que desde hace más de 30 años conduce y apuntan a su esposa, tesorera de la Obra Social (OSPSIP) y a su cuñada, quien es la tesorera del gremio. Se presume que líder de la UPSRA produjo malversación de fondos y lavado de dinero.
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