El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, adelantó que el proyecto “tiene que funcionar junto al programa Potenciar Trabajo y a la urbanización de las villas y asentamientos”. Advirtió que la pandemia “nos va a dejar una situación muy crítica, con mucha gente que perdió ingresos y trabajos”.
POLITICA//NACIONALES// Fuente: Pagina12
El gobierno avanza en la idea de implementar de un ingreso universal, una renta base para aquellos trabajadores informales que vienen de varios años de sufrir la caída de sus ingresos y que con la pandemia se quedaron sin una actividad que les permita sostenerse. Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien advirtió que la Covid “nos va a dejar una situación muy crítica, con mucha gente que perdió ingresos y trabajos”. El ministro dijo que al proyecto de un ingreso universal “no lo estamos pensando como una cosa suelta, sino como algo que tiene que funcionar junto al programa Potenciar Trabajo y a la urbanización de las villas y asentamientos”.
El esquema de una renta universal para que la población más vulnerable tenga una protección frente a los efectos económicos del coronavirus ya fue adoptado en varios países. España aprobó por ley un ingreso mínimo, Francia está dando de hecho ayudas y Estados Unidos implementó un subsidio. “Sin embargo, acá no hay que pensarlo como un único instrumento, como en Europa, porque Argentina no tiene la misma situación. Allá tienen nada más que un problema de ingresos y acá tenemos un problema de trabajo, de ingreso y de acceso a los servicios basicos”, diferenció Arroyo.
El ministerio relanzó la semana pasada el programa Potenciar Trabajo, que unificó los programas sociales para reconvertirlos. La intención es vincular los planes al trabajo, para reemplazar los programas de asistencia por trabajo social garantizado. El gobierno piensa en cinco sectores desde los que reconstruir la actividad productiva. Un rubro es el de pequeñas obras de construcción, veredas, casas o infraestructura. El trabajo textil y la producción de alimentos son otras actividades con salida y que requieren de mano de obra intensiva. Luego está el área de las tareas de cuidado y la de recolección y reciclado de los residuos urbanos.
“La política social más importante es vincular planes sociales con trabajo, es potenciar cinco sectores productivos, buscando impulsar la economía de abajo hacia arriba”, agregó Arroyo.
De esta manera, el gobierno apunta a cubrir a la población sin ingresos por distintas vías: la renta universal para quienes estén inactivos, el programa Potenciar Trabajo, donde ya fueron unificados todos los planes sociales y los programas de urbanización.
El presidente Alberto Fernández ya había anticipado, este fin de semana, su decisión de implementarlo. “Yo no soy hipócrita. Hay que hacer algo porque hay 9 millones de argentinos que están al margen”, dijo el mandatario luego de comentar que la demanda que tuvo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10 mil pesos para quienes quedaron sin actividad por la pandemia, mostró la gravedad de la crisis.
El IFE fue creado al comienzo de la cuarentena y se otorgó a casi 9 millones de personas. Pero es una herramienta transitoria, para unos meses. Con el ingreso universal, por el contrario, el gobierno piensa en una política estable, que dure no meses sino años. Arroyo aseguró que aún no está definido ni a partir de cuándo podría implementase, ni tampoco por qué montos. “Realmente estamos en los pasos previos de ir estudiándolo, analizándolo. Ahora estamos en el medio del pago del IFE y de la pandemia. Son políticas a ir debatiendo y consensuando”.
El ministro cree que la propuesta tendría el apoyo de la mayor parte del arco político, como sucedió en España, así como del sector empresarial. “Creo que va a tener apoyo porque las empresas necesitan que haya consumo, no sería sólo un herramienta de contención sino una vía para reactivar la economía”.
El Ingreso Familiar de Emergencia, que cubre a nueve millones de argentinos, va por el segundo pago. El estado está cubriendo, por otra parte, a dos millones y medio de trabajadores del sector privado con ATP, el programa de Atención de Emergencia al Trabajo. Si se suma a los trabajadores de la administración pública, se ve un paraguas que, con distintos alcances, está garantizando ingresos a prácticamente toda la población económicamente activa.
