El proyecto aprobado por diputados establece un marco legal para esta modalidad de trabajo, que se popularizó por la pandemia. La mayoría de los sectores respalda la ley, pero aseguran que debe haber normas claras para evitar abusos y el respeto de los derechos. Piden que luego de la pandemia sea voluntario, y que se pague por el uso de dispositivos y elementos tecnológicos propio.
SINDICALES//NACIONALES// Fuente: Gesion Sindical Tres Lineas
Diego Lanese.
Luego de unificar más de una docena de proyectos que ya estaban en la cámara baja nacional, el oficialismo impulsó una iniciativa para re4gular el llamado teletrabajo, que tiene un verdadero boom en el marco de la pandemia por coronavirus. El aislamiento impuesto desde el 20 de marzo hizo explotar esta modalidad, que se implementó sin un marco legal sólido. Por eso, el proyecto que logró media sanción la semana pasada es entendido como “un paso adelante” en la materia.
En el proceso de discusión, hubo apoyos de la CGT y otros sectores sindicales, pero a medida que se fue “afinando” la letra de la ley también aparecieron varias voces críticas. Entre las segundas, algunos sindicatos advierten que se puede alentar ciertas formas de precariedad laboral, en especial en materia horario de trabajo, llamado “derecho a la desconexión”. Además, piden mayores precisiones respecto a las cuestiones de género, para evitar que esta modalidad recargue las tareas en el hogar en las mujeres. La propuesta está pensada especialmente para después de la pandemia, en el marco de la llamada “nueva normalidad”.
La ley de teletrabajo obtuvo media sanción de la cámara de Diputados con 214 votos afirmativos, uno negativo y 29 abstenciones. Ahora, deberá ser tratada por el Senado, y se espera que el Frente de Todos no tenga problemas en su aprobación final. A partir de allí, se esperan 90 días para su reglamentación y puesta en vigencia, lo que sucederá cuando el aislamiento social esté menos rígido, si los números de contagios acompañan.
A la espera del tratamiento, un grupo de dirigentes gremiales, legisladores provenientes del sector sindical y organizaciones laborales emitieron un documento donde apoyaron el proyecto y sus contenidos, para establecer “los derechos de los teletrabajadores y las teletrabajadoras”. Se trata de un documento que entre otros firmaron el ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar Quartango, el senador provincial Omar Plaini, la diputada provincial Soledad Alonso y Raúl Ferrara, entre otros.
La declaración expresa “nuestras más altas convicciones en el sentido de entrar en una senda virtuosa donde las tecnologías convenientes, la negociación colectiva y el diálogo social, el respeto del modelo sindical argentino, el resguardo de la dignidad y la vida y, en definitiva, la justicia social sean los elementos centrales que guíen a la modalidad del teletrabajo a partir de la salida del aislamiento social, preventivo y obligatorio y la superación de la pandemia de Covid-19”, destacó el documento, al que tuvo acceso Gestión Sindical.
La organización Punto de Encuentro Teletrabajo (PDET) del Foro para el Día Después y el grupo Descartes –creado en la campaña electoral de 2015 para ser la “para sindical” de la candidatura de Daniel Scioli –expresaron en este documento su respaldo a la iniciaitva, que afirman debe bregar por “incluir en la discusión sobre el teletrabajo la perspectiva de género, el derecho a la desconexión digital, el principio de reversibilidad, el proceso de alfabetización tecnológica para establecer una verdadera movilidad social ascendente, la necesidad de que la autoridad de aplicación dicte -además de las ya existentes- las normas pertinentes en materia de condiciones y medioambiente de trabajo (CyMAT), entre otros
aspectos”.
Además de las condiciones laborales, algunos gremios ponen en el debate algunas situaciones, como los requisitos necesarios para que se cumplan estos derechos. En un i9nforme elaborado por la junta interna de ATE-INDEC, se establece que estos requisitos son “la voluntariedad, es decir, que el trabajador debe ser consultado y debe aceptar la modalidad; la reversibilidad, que el trabajador puede volver a realizar sus tareas presenciales si así lo deseare, la cobertura de ART, el respeto a la vida privada y la facilitación desde la parte empleadora de los insumos necesarios para el normal
desarrollo de las tareas”.
“Estos son elementos indispensables, pero no los únicos y que, seguramente, serán fuente de conflicto en un futuro cercano”, alertó el documento, al que tuvo acceso Gestión Sindical. Desde ATE ya habían asegurado durante el debate en comisiones que en algunos países donde se implementaron leyes sobre esta modalidad laboral se produjeron estos problemas vinculados con el respeto a las leyes laborales.
“Estamos a favor que los compañeros no vayan a trabajar, no salgan al campo ni usen el transporte público hasta que dure esta situación de alto riesgo de contagio”, explicó Raúl Llaneza, titular de la junta interna de ATE-INDEC, que elaboró el informe. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente sostuvo que “la posibilidad del teletrabajo no caiga sólo en la esfera de la voluntad, sino podría generar algún tipo de abuso por parte de las patronales”. Durante el actual aislamiento, agregó Llaneza, la idea es sostener la modalidad, incluso en dependencias sonde complica algunas tareas, como el propio INDEC, donde la ausencia de relevamientos presenciales puede generar algún problema o desviación metodológica de las mediciones. “También tenemos que evitar que el teletrabajo genere una sobrecarga en las tareas del hogar, que sabemos que más del 70 por ciento de los casos recae sobre las mujeres, lo que tiene que ver no sólo con la actividad doméstica sino además con la atención de los niños o adultos mayores”.
Otro punto que ATE quiere evitar es que se vulnere el derecho a la intimidad. “Queremos evitar la comunicación con los patrones fuera del horario, o fuera del derecho a la desconexión, porque ahí se pueden dar situaciones de abuso”, concluyó Llaneza. Pensando en el futuro de la modalidad, cuando se levante la cuarentena, la junta interna pensó que debe traer además “una compensación económica por la utilización de bienes y servicios propios y una jornada laboral configurada”.
“Teniendo en cuenta el contexto de una pérdida salarial acuciante, sumada a la incertidumbre sobre las paritarias venideras, resulta inadmisible que los trabajadores tengamos que, además, disponer recursos propios para garantizar la continuidad de nuestras tareas laborales”, concluyó el informe de ATE-INDEC.
