NEGOCIOS/NACIONALES Fuente: El Destape
Las denuncias comenzaron en 2010 y se institucionalizaron en 2015. Es contra una empresa que fabrica jugos.
El conflicto comenzó hace diez años y ya lleva alrededor de cinco de amparos, acusaciones y denuncias contra la empresa que fabrica los jugos Citric y está acusada de contaminación ambiental en Entre Ríos. La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en la causa y pidió que se designe un interventor porque podría tratarse de un caso de lavado de activos para obtener ganancias de manera ilícita. No es la primera vez que el organismo que conduce Carlos Cruz interviene en situaciones similares. Por ejemplo, en noviembre de 2020, fue aceptada como querellante en el expediente “Baggio” que investiga la quema de pastizales en la zona del Alto Delta del Río Paraná bajo las mismas hipótesis.
La causa investiga a la empresa El Carmen S.A., que fabrica el jugo Citric, por contaminación ambiental de tierras y cursos de agua mediante efluentes volcados por parte de la empresa en el arroyo “Las Alpargatas” de Entre Ríos. Según informaron desde la UIF, podría tratarse de un caso de lavado de activos a partir de un delito ambiental, del cual se obtendrían ganancias de manera ilícita como resultado de su actividad formal.
Según informó El Tribuno, el conflicto data desde 2010, momento en que los vecinos comenzaron a reclamar una solución. Por su parte, la escuela “Manuel Belgrano”, ubicada cerca del arroyo, realizó un análisis del pozo del cual extraían agua para su consumo y registraron una contaminación muy alta. De hecho, se dijo que la misma dejó de ser potable al menos desde 2017. Fue una de las pruebas aportadas. La UIF informó que “los resultados de los exámenes fueron concluyentes y demostraron que el agua no es bacteriológicamente potable para el consumo humano”.
Ya en 2015 Néstor Masilli, dueño de una chacra cercana a la rivera, presentó un recurso de amparo y, dos años más tarde, una intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) incitó a la institución a disminuir sus descargas tóxicas. En mayo de 2019, insistió y presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por contaminación ambiental.
El Organismo de control explicó que, con el volcado de esos residuos al arroyo, la institución no sólo omite la obligación de tratarlos sino que además se ahorra una importantes sumas de dinero que pasarían a engrosar sus ganancias. Por este motivo, desde la UIF sugieren que se realice una investigación patrimonial sobre los flujos económicos que genera la producción de El Carmen S.A. para conocer la magnitud de los activos generados.
Al momento de la querella inicial, la empresa había manifestado que contaba con un sistema moderno y efectivo para cuidar el medioambiente y que había puesto en marcha nuevas obras en su planta con la intención de disminuir los tóxicos y mejorar los procesos. Sin embargo, la última denuncia efectuada fue acompañada por pruebas que demuestran de qué manera los desechos industriales que la fábrica vierte, han derivado en altos índices de contaminación, lo que habría producido la extinción de todo tipo de vida en el mismo, imposibilitando la utilización del agua como recurso para el riego o la ganadería.
De hecho a comienzos del año pasado, la empresa aclaró a InTucumán que “los efluentes no son químicos tóxicos sino orgánicos y biodegradables y cuentan con el mencionado proceso previo. No podemos comentar sobre el resto de efluentes que recibe el cauce desde otros orígenes, sean urbanos o de otras industrias. En los últimos tres años la compañía ha disminuido sus efluentes en un 60 %. Lo que muestran algunas imágenes dista de la visión actual del efluente de nuestra planta”.
