Tras una denuncia, el Comité contra la Trata, el Ministerio de Trabajo y el sindicato de peones rurales Uatre intervino en un establecimiento rural de la provincia de Santa Fe y encontraron a 9 trabajadores en situación de vulnerabilidad con indicios de explotación laboral.
El operativo se realizó la semana pasada en un establecimiento de Villa Minetti, Provincia de Santa Fe, y detectó a 9 trabajadores en situación de vulnerabilidad e indicios de explotación laboral.
Se trató de una fiscalización conjunta entre el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas a través de su Delegado para la Región Centro, Nicolás Del Mastro, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de la Nación a través de fiscalizadores de la Agencia Territorial Santa Fe, y la Delegación Santa Fe Norte del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Los organismos realizaron la fiscalización tras recibir una denuncia. La misma tuvo como resultado la detección de 9 trabajadores, oriundos de la Provincia de Santiago de Estero, que, por una oferta de empleo, habían sido trasladados para realizar tares de desmonte, desmalezado y hacheo en un campo de 80 hectáreas, encontrándose allí desde hacía más de 35 días. Se encontraban en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin su correspondiente registración ante los organismos de la seguridad social. Asimismo, les adeudaban salarios, y estaban imposibilitados de salir del establecimiento por sus propios medios.
Conforme a las condiciones de trabajo se configuraron las Actas IEL (Indicios de Explotación Laboral), ya que se pudo constatar que vivían en un precario campamento que los mismos trabajadores habían construido con materiales sobrantes. El mismo no contaba con espacios aptos para el descanso, ni con instalaciones sanitarias para higienizarse, tampoco había provisión de agua potable. Sin acceso a energía eléctrica, tampoco tenían heladera para refrigerar sus alimentos, ni acceso a gas para cocinar.
Entre otras irregularidades graves, se les realizaba un registro de los alimentos que se les proveía para luego ser descontados de la paga. Tampoco se les proveían ropa de trabajo, ni elementos de protección personal. En tanto su jornada laboral era de lunes a lunes y contabilizaba más de 12 horas diarias.
De este modo, y como indica el protocolo de actuación, se realizó denuncia telefónica a la línea 145. Y de forma automática la denuncia fue derivada a la Fiscalía Federal de la ciudad de Rafaela, que rápidamente tomo contacto con el Delegado del Comité, a los fines de realizar ampliaciones, remitir actas, y continuar con la causa judicial iniciada.
A partir de la intervención conjunta, el empleador abonó los salarios adeudados a los trabajadores y asumió el costo del traslado de los trabajadores hacia sus respectivos hogares. Por su parte, desde la Dirección Operativa del Comité de Trata se realizó el enlace con la Delegada en Santiago del Estero para gestionar las autorizaciones de circulación, conforme a la normativa para que los trabajadores puedan ingresan a su provincia sin problemas, y ser hisopados al regresar a su ciudad.
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