Ante la inminente vuelta a la presencialidad de la administración pública para septiembre preparada por el Gobierno nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) consideró que no es tiempo para tomar esta decisión porque “es absolutamente riesgoso”, según señaló el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar.
“No se puede convocar a cumplir tareas presenciales en la administración pública a quienes no hayan completado el esquema de vacunación (dos dosis) y sin que se verifique un estricto cumplimiento de los protocolos Covid-19 en todas las dependencias estatales. Si se toma una decisión de esta naturaleza en el contexto actual, en la continuidad de la alerta epidemiológica y con nuevas variantes más contagiosas, estaríamos frente a un perjuicio evitable”, sostuvo el dirigente. La medida sería oficializada en las próximas horas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
En esta línea, desde el Ministerio de Trabajo aún no dieron a conocer los detalles ni medidas con las que se retomaría la presencialidad de los trabajadores del Estado, pero estarían en consonancia con la resolución 62/21 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGyEP), la cual establece la posibilidad por parte de las autoridades de convocar a la presencialidad a quienes hayan sido vacunados sólo con una dosis de la vacuna contra el Covid-19. “Debe existir congruencia entre las estrategias laborales y las sanitarias”, agregó el adjunto estatal.
“Debemos seguir esperando el desarrollo de la campaña de vacunación. No podemos anticiparnos a tomar medidas como ésta. La vuelta a la presencialidad no debiera tener una fecha concreta porque contradice las políticas sanitarias”, explicó el referente de ATE. La aparición y crecimiento de casos de nuevas variantes, como la Delta, que se traduce en una alta contagiosidad del virus, torna imposible la vuelta a la presencialidad en este momento.
Aguiar explicó que “ningún área estatal está preparada para el retorno a la presencialidad ya que hasta el momento no se verifica el cumplimiento estricto de los ‘Protocolos Covid’ vigentes que, entre otras cosas, requieren de una capacitación tanto para los trabajadores como para las autoridades, de la cual ni siquiera existe un esbozo actualmente”.
“El solo hecho de sumar más de 200.000 personas al transporte público, aún reservado para quienes presten servicios esenciales, pondrá en riesgo la salud de los trabajadores, del resto de la comunidad y además afectará la calidad de las prestaciones”, alertó el dirigente estatal y concluyó: “Hablar de presencialidad no debe generar confusiones. En este momento todos los estatales están trabajando, aunque bajo distintas modalidades laborales. Todavía no es tiempo de convocar masivamente a la presencialidad”.
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